El conflicto estalló casi al filo de la Fiesta de la Vendimia: el peronismo legislativo de Mendoza -el kirchnerismo para ser más precisos- pateó el tablero y desde marzo dejó de participar de las sesiones de acuerdo, de las audiencias públicas y de las votaciones secretas en el Senado provincial convocadas para tratar la designación de nuevos magistrados.
“No vamos a participar más en las votaciones para nombrar magistrados porque ustedes se quieren quedar con la Justicia”, justificaron apuntando a la gestión del gobernador radical de “Cambia Mendoza” Rodolfo Suarez. Sin embargo, el verdadero destinatario de ese dardo es el ex gobernador y senador nacional Alfredo Cornejo, a quien el kirchnerismo le enrostra estar conformando un Poder Judicial “a medida”.
La gota que rebasó el vaso no fue una sola, sino dos. La primera fue más visible: la postulación, por decisión de Suarez, de Juliana María Labayru Day como fiscal de Instrucción de la Primera Circunscripción Judicial de Mendoza. Aunque la aspirante había aprobado el examen y superado la entrevista personal con los consejeros, pudo más el estigma de ser sobrina de María Teresa Day, la jueza de la Corte que Suarez propuso e impuso en junio de 2020. En esta designación también vieron la mano de Cornejo los peronistas.
Sin embargo, el verdadero enojo del peronismo K se desató en las últimas horas del año 2021, casi al filo del brindis de fin de año, cuando el fiscal de Delitos Económicos, Santiago Garay, imputó al ex gobernador peronista Francisco Paco Pérez (2011-2015) y antecesor de Cornejo en el Sillón de San Martín por el delito de enriquecimiento ilícito.
La compra de un departamento en un complejo exclusivo había sido denunciado 6 años antes por la entonces vicegobernadora Montero, y que la causa haya sido reactivada cuando estaba a punto de prescribir tuvo, para el peronismo K, un único autor ideológico. Sí, Cornejo, una vez más.
Senado de la provincia de Mendoza
Ni siquiera cuando el ex intendente peronista Luis Lobos fue condenado a prisión efectiva por fraude en 2019 (ese fallo acaba de ser confirmado por la Corte de Mendoza) el kirchnerismo pateó el tablero. Lo bien que hizo, porque lo de Lobos fue, es y será indefendible, más aun si se tiene en cuenta que desde agosto volverán a juzgarlo, otra vez por fraude más enriquecimiento ilícito.
El portazo kirchnerista sucedió de cara a la elección de los nuevos representantes legislativos en el Consejo de la Magistratura y frente a un aluvión de nuevos magistrados que reemplazarán a más de 30 jueces y fiscales que se jubilarán en las próximas semanas.
Sabido es que el partido político que gobierna y que tiene mayoría en el Senado termina imponiendo candidatos a ocupar cargos en el Poder Judicial, por eso aun sigue llamando la atención el encono del PJ, que supo designar nuevos magistrados en épocas de bonanza en el Ejecutivo y la Legislatura.
De hecho, un informe publicado por Diario UNO de Mendoza reveló que el ex gobernador Paco Pérez fue el gobernador que mayor cantidad de jueces designó e impuso con acuerdo del Senado desde el retorno de la democracia, es decir durante los últimos 39 años.
Entre 2011 y 2015, el peronista, que sigue imputado por enriquecimiento ilícito, nombró a 78 de los 254 jueces designados desde 1983. Le sigue en ese ranking Alfredo Cornejo, quien entre 2015 y 2019 designó a 61 nuevos magistrados desde el Poder Ejecutivo de Mendoza.
El PJ de Mendoza lo anunció y cumplió: de hecho, sus senadores no participaron de las recientes comisiones, audiencias públicas y votaciones en la Cámara Baja que determinaron -a instancias de la mayoría del oficialismo de Cambia Mendoza- de tres magistrados: la titular del Ministerio Público de la Defensa, un camarista laboral y la mentada Juliana María Labayru Day, sobrina de la jueza de la Corte, a la sazón la punta de un iceberg político/judicial sin precedentes.
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