Esta semana el Tribunal Oral en lo Federal N°2 continuó con las audiencias en el juicio en el que se investigan presuntas irregularidades en la obra pública en la provincia de Santa Cruz. Los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso escucharon a los peritos Eloy Pablo Bona, ingeniero civil del Cuerpo de Peritos del Poder Judicial de la Nación; Roberto Panizza especialista propuesto por la fiscalía y Adriana Alperovich, propuesta por parte por parte de la defensa de la vice presidenta Cristina Fernández.
En la causa intervienen como fiscales el titular de la Fiscalía General N°1 ante los tribunales de la Capital, Diego Luciani, y el fiscal federal coadyuvante Sergio Mola. Audiencias anteriores declararon peritos contadores y ahora fue el turno de los especialistas ingenieros. Alperovich, Bona y Panizza dieron su opinión técnica sobre distintas cuestiones relacionadas con los 51 contratos de obras viales para la provincia de Santa Cruz, adjudicadas a empresas del Grupo Báez.
Según explicaron desde la fiscalía, en la audiencia se les pidió a los especialistas que refirieran si existieron sobreprecios en la confección de los pliegos de condiciones y especificaciones técnicas, y en las ofertas efectuadas por las empresas adjudicatarias.
“Bona, Panizza y Alperovich explicaron la metodología que utilizó cada uno para elaborar sus informes, la bibliografía consultada y los ítems que consideraron para efectuar los cálculos y determinar si hubo sobreprecios en los presupuestos y las contrataciones y adquisición de materiales para la construcción de diversas trazas viales en la provincia patagónica”, explicaron.
Hay que recordar que en la causa se le imputa a la ex presidenta de la Nación, y actual vicepresidenta, Cristina Fernández ser coautora de los delitos de asociación ilícita agravada por su calidad de jefe y administración fraudulenta agravada por haber sido cometida en perjuicio de una administración pública.
Además en la causa están imputados el ex Ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación, Julio De Vido; el ex secretario de Obras Públicas, José Francisco López; el ex titular de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), Nelson Pierotti; y el ex secretario de Coordinación de Obra Pública Federal, Carlos Santiago Kirchner.
Los demás funcionarios fueron acusados como coautores de asociación ilícita agravada por su calidad de organizadores y administración fraudulenta agravada por haber sido cometida en perjuicio de la administración pública. En la causa también se intenta establecer la responsabilidad del empresario de la construcción Lázaro Báez como coautor de asociación ilícita agravada por su calidad de organizador y partícipe necesario de administración fraudulenta agravada por haber sido cometida en perjuicio de una administración pública.
Otros imputados son el ex subsecretario de Obras Públicas, Abel Fatala; a los ex responsables del Distrito N°23 “Santa Cruz” de la DNV, Raúl Osvaldo Daruich y Mauricio Collareda; y a los ex presidentes de la Administración General de Vialidad de la Provincia de Santa Cruz, Héctor René Jesús Garro, Juan Carlos Villafañe, Raúl Gilbeto Pavesi y José Raúl Santibáñez. A todos ellos se les imputó la coautoría del delito de administración fraudulenta agravada por haber sido cometida en perjuicio de una administración pública.
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