Esta semana será el turno de los alegatos en el juicio por la verdad que se desarrolla por la Masacre de Napalpí, ocurrida en 1924 en la provincia de Chaco. Los delitos contra las comunidades qom y mocoit fueron calificados como de lesa humanidad. La semana pasada se realizaron dos audiencias en la Ex Esma, en la ciudad de Buenos Aires, y se escucharon las exposiciones de antropólogos forenses, investigadores y juristas.
“La represión funcionó no solo desde adentro de la reducción a mano de las Fuerzas Armadas, sino también desde los privados, desde afuera. Después de haberse apropiado y desterritorializado a través de diversas campañas de violencia, había que pensar qué hacer con los sobrevivientes, y la respuesta fue esta; las reducciones indígenas”, afirmó durante la audiencia la documentalista e investigadora Valeria Mapelman. Ella es la realizadora de un documental que rescató varios relatos de sobrevivientes.
Otro de los testimonios que se escucharon en las jornadas fue el de Silvina Turner, del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), quien detalló: “Nosotros realizábamos excavaciones de lo que eran los entierros, algunos estaban marcados con cruces que nos daban indicios de que se podía tratar de una fosa común. Lo que nos propusimos fue agotar o basar nuestras exploraciones en las declaraciones testimoniales que nos daban cuenta de los posibles lugares de entierro”, dijo.
“Esos sitios, los primeros donde se produjeron los hallazgos de restos óseos fueron donde nos dirigimos. La estrategia para la búsqueda se trató en sondeos, trincheras, de manera manual o con retroexcavadoras con supervisión de arqueólogos”, explicó la experta convocada para dar cuenta del trabajo del equipo en la causa.
Marcelo Musante, en su rol de docente e investigador, señaló que “las reducciones indígenas fueron indispensables para llevar a cabo la masacre” para contextualizar históricamente los hechos. “La explotación a la que eran sometidos los trabajadores de Napalpí fue en aumento y esto evidencia el trato desigual de estos trabajadores respecto de cualquier otro trabajador no indígena, quienes sí podían vender su fuerza de trabajo a quien quisieran y con mejores salarios”, agregó la investigadora Lena Dávila.
Durante las jornadas también declararon los investigadores e investigadoras Héctor Trinchero, Mariano Nagy, Diana Lenton, Nicolás Iñigo Carrera, Jorge Ubertalli, Alejandro Covello, Carlos Salamanca, Alejandra Aragón y Eva Nazar Gaulo.
Un crimen de Estado
El ex ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y actual integrante de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) Eugenio Raúl Zaffaroni estuvo frente al tribunal el jueves pasado. Al hablar sostuvo que este juicio por la verdad “esclarece nuestra memoria histórica” y “la masacre de Napalpí no es un conflicto del pasado, es un conflicto que sigue vivo y el estado tiene una deuda; esclarecer la verdad de lo sucedido”.
“El proceso penal no persigue solamente la imposición de penas, sino que las víctimas tienen derecho a conocer la verdad”, explicó el magistrado y recordó que “este hecho ha dejado una cicatriz importante” que “no ha sido borrada hasta el presente” y “este ha sido un crimen de Estado sin lugar a dudas”, dijo.
“No es un conflicto del pasado, es un conflicto que sigue vivo en la memoria de nuestros pueblos originarios y el Estado tiene una deuda de por lo menos esclarecer la verdad de lo sucedido. Las consecuencias de estos crímenes masivos perduras”, sintetizó Zaffaroni. Para cerrar las audiencias que se dieron en la Ex Esma sentenció: “Acabemos con eso de que no tenemos indios, acabemos con la invisibilización de nuestra riqueza étnica, somos latinoamericanos”.
El próximo jueves 19 de mayo será el turno de los alegatos en el juicio a cargo de la Fiscalía y las querellas. La audiencia volverá a la ciudad de Resistencia, provincia de Chaco, y se realizará en el Centro de Convenciones de esa localidad. También será posible seguir la audiencia a partir de la transmisión on line que genera el Poder Judicial.
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