Este lunes 4 de julio finalizó el juicio que investigó lo ocurrido con cuatro personas secuestradas y detenidas de forma clandestina, durante la última dictadura militar, y ejecutadas en los llamados “Vuelos de la Muerte”, realizados desde el complejo militar y centro clandestino de detención Campo de Mayo. Los cuatro acusados fueron declarados culpables y condenados a prisión perpetua.
La Justicia condenó este lunes a prisión perpetua a cumplir en cárcel común a cuatro exmilitares del Ejército por los llamados "vuelos de la muerte" de la última dictadura cívico-militar, operativos que consistían en arrojar vivos y drogados al mar a detenidos-desaparecidos que estaban en centros clandestinos, como los que funcionaron en la ex Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), el más grande del país, o en Campo de Mayo.
En este juicio se indagó sobre lo ocurrido a Adrián Rosace, Adrián Accrescimbeni, Rosa Corvalán y Roberto Arancibia, secuestrados y detenidos en el centro clandestino y cuyos cuerpos aparecieron en las cosas de Magdalena, Punta Indio y Las Toninas, lo que indicó que habían sido víctimas del hecho.
El juez Walter Venditti, junto a los vocales Esteban Rodríguez Eggers y Matías Mancini, del Tribunal Oral Federal N°2 de San Martín, escucharon a decenas de exconscriptos de esa época. El proceso comenzó en octubre del 2020 con cinco acusados, el jefe de Comando Institutos Militares y multicondenado por crímenes de lesa humanidad, Santiago Omar Riveros, y los militares retirados Luis del Valle Arce, Delsis Malacalza, Eduardo Lance y Alberto Conditi, quien quedó fuera del proceso por una enfermedad.
La resolución, que fue leída en el tribunal oral y público, fue transmitida a través de YouTube.
El veredicto
El fallo fue unánime y se destacó que todo lo ocurrido, constituye delitos de lesa humanidad. En tanto, los letrados no hicieron lugar a los pedidos de nulidad y demás presentaciones de los defensores de los acusados.
El magistrado condenó a condenó a los cuatro acusados a prisión perpetua efectiva en cárcel común por considerarlos coautores y penalmente responsable, entre otros, de los siguientes delitos: Allanamientos ilegales de domicilio cometidos por funcionarios públicos en reiteradas oportunidades.
Además, privación ilegítima de la libertad, cometida por funcionarios públicos en abuso de sus funciones agravadas por haber mediado violencia y amenazas reiterada varias oportunidades. Imposición de tormentos, agravados por tratarse de victimas perseguidas políticamente y homicidio doblemente agravado por alevosía y concurso premeditado reiterado en varias oportunidades.
Los acusados deberán contar con la pericia médica para determinar si pueden cumplir su condena en una cárcel común. Cabe destacar que es el primer proceso por este modus operandi en el país, y que tras años de investigaciones se conoció que se realizó muchas veces como forma de desaparición de los cuerpos.
En tanto, el tribunal anunció que el 12 de septiembre se leerán los fundamentos de la causa.
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