El asesinato de Lucas Vega, en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, trajo aparejado nuevamente el debate sobre los serios problemas de seguridad vinculados al narcotráfico y la presencia de bandas delictivas. Los hechos de violencia no cesan y en la última semana se dieron casos, con muertes lamentables, que se le plantearon al Poder Judicial de la provincia reiterados interrogantes.
Al respecto, el ministro de la Corte Suprema de Santa Fe, Daniel Erbetta, dialogó con medios radiales y afirmó que hay “una situación bastante dramática, ya que se naturaliza niveles extremos de violencia. Esto es peligroso”.
“En 2013 hubo un récord de tasa de homicidios dolosos. Este año estamos encaminados a superar ese récord. Estamos hablando de una tasa de homicidios que no tiene precedente en ningún otro espacio geográfico de la Argentina. Rosario contribuye a desmejorar la tasa media de homicidios en el país”, lamentó.
Asimismo, en forma de explicación por el fenómeno, criticó que “no se puede tener una provincia sin policías”, y explicó que “aquí hubo un fenómeno en donde se perdió control político hace unos años de la agencia policial. Cuando se autogobierna se descontrola”.
Erbetta, en tanto, reconoció que, si bien “hay un esfuerzo de las autoridades, los datos son reales", y enfatizó que "en la justicia ordinaria, no en la federal, hay una cantidad de policías condenados que no tiene antecedente en la historia criminal Argentina”.
“Se comprobó que había unidades y sectores de la policía que trabajaban para Los Monos, y también para la de Alvarado, está acreditado”, denunció.
Frente a la situación, consideró que “tiene que haber políticas de seguridad específicas” por parte de quienes intervienen en la seguridad y detalló: “Por un lado, la policía, que debería controlar el territorio. El segundo actor son los fiscales, que tienen una función de persecución penal estratégica, son un cuerpo que está ordenado, no para investigar caso por caso, sino distintos mercados delictivos. Y el tercero es la cárcel”.
Sobre ellos, reflexionó que “el primer eslabón tiene un problema y el último, porque muchos están apresados y manejan desde la cárcel. En el medio están los fiscales que tienen una capacidad de rendimiento positivo”.
“Todos tenemos responsabilidad, asumimos la nuestra como poder judicial, y hay que dejar la discusión por fuera de la agenda electoral y que los espacios políticos y los poderes públicos tomen en serio la cuestión”, concluyó.
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