Los ánimos entre el Poder Judicial y el Gobierno Nacional elevaron temperatura este fin de mes tras el duro pedido de condena del fiscal Luciani para la vicepresidenta Cristina Kirchner.
La frase que rebalsó el vaso de agua la dijo ayer el presidente de la Nación al referirse al caso Nisman y compararlo con Luciani. “Hasta acá, Nisman se suicidó; espero que no haga algo así el fiscal Luciani”, manifestó el Presidente durante una entrevista ayer en TN.
La respuesta no tardó en llegar del Poder Judicial pese a lo que uno puede pensar sobre el asesinato o el suicidio del fiscal Alberto Nisman tras haber denunciado a Cristina Kirchner por el Memorándum con Irán.
Esta mañana, habló el fiscal Diego Luciani quien aseguró en dos medios grandes que es una “grave avasallamiento de las instituciones” y que es “preocupante el grave avasallamiento de las instituciones por parte de un Presidente de la Nación o el Ministro de Seguridad, que deberían ser los primeros en practicar los valores republicanos. No deben olvidarse de que representan a toda ciudadanía...”, en diálogo con Infobae y La Nación.
En varios comunicados la Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público Fiscal de la Nación repudió enfáticamente los dichos “vertidos por el Sr. Presidente de la Nación Alberto Fernández, al señalar en un reportaje emitido el día 24 de agosto del año en curso: -“Realmente alentar la idea de que le puede pasar al Fiscal Luciani lo que le paso a Nisman…miren hasta acá lo que le pasó al Fiscal Nisman es que se suicidó, hasta acá no se probó otra cosa, yo espero que no…que no haga lo mismo el Fiscal Luciani”.
Así como a través de esta carta el procurador general interino, Eduardo Casal, también expresó su preocupación por los dichos del presidente de "una persecución judicial y mediática" hacia Cristina Kirchner. "En nombre de este Ministerio Público ejerce por mandato legal el señor fiscal, implica una clara per tu rbación en el ejercicio de sus funciones (art. 63, inc. c , de la ley 2 7148) l a que , a mi entender, se ve incluso agravada por las referencias peyorativas con que ha
calificado su condición profesional", expresó Casal.
La entidad que preside el fiscal federal Carlos Rívolo señaló a través de un comunicado que “sus dichos poseen un contenido desagradable y temerario hacia un funcionario que sólo ha cumplido su labor asignada por el art 120 de la Constitución Nacional que instaura la independencia y autonomía del Ministerio Público Fiscal, en el Caso 2833 caratulado: ‘Fernández de Kirchner, Cristina y otros s/infracción art 173 y 210 del Código Penal’”.
La misiva la firmaron todos los integrantes de la comisión directiva de la entidad. Carlos RIVOLO, Presidente, Ricardo TORANZOS, Vicepresidente Primero, Maria Fernanda POGGI, Vicepresidenta Segunda, Carina JAIME, Vicepresidenta por los Funcionarios, Susana PERNAS, Secretaria General, Alejandro MARTI GARRO, Tesorero, Vocales: Graciela GILS CARBO, Javier FONTENLA, Verónica MARTINA (Región Capital); Jorge SICA (Región Provincia de Buenos Aires); María Alejandra OBREGON y María Gloria ANDRE (Región Cuyo), Carlos SCHAEFER y Flavio FERRINI (Región Noreste), Alberto LOZADA (Región Centro); Carlos Alfredo BRITO y Pedro SIMON (Región Noroeste), Marcelo RAPOPORT (Región Patagonia).
Pese a este cimbronazo mediático, el juicio continuará el próximo 5 de septiembre con el inicio de los alegatos de las defensas de los procesados que durará 14 jornadas de audiencias para estimar que el TOF2 podría emitir su veredicto en octubre.
Apoyo internacional
La “Federación Latinoamericana de Fiscales” emitió su apoyo a los fiscales Mola y Luciani porque entienden que se instaló “un indebido hostigamiento mediático e institucional en contra de los fiscales, desacreditándolos o amenazándolos con sumarios administrativos y juicios políticos basados en impugnaciones genéricas y aparentes, que tienen poco pronóstico de éxito en los remedios recursivos propios de un proceso judicial, con el fin de alterar el correcto desarrollo de la función judicial”.
La entidad que nuclea a funcionarios de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay entiende que “la independencia judicial constituye un derecho humano amparado en el artículo XXVI de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre y en el artículo de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
FLF-Comunicado-3-Luciani-y-Mola
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