El viernes la jueza de Control y Faltas N°9 del Poder Judicial de Córdoba, Celeste Ferreyra, emitió un habeas corpus preventivo (autos caratulados “Rocío Loza, habeas corpus”, Expte. n.° 11120830) a pedido de la Mesa de Asambleas Ambientales y Comunidades Indígenas, exhortando a la Policía de la Provincia de Córdoba para que se abstenga de realizar detenciones en el marco de protestas ambientales en tanto sean pacíficas.
Se trata de un duro golpe para el gobierno de Juan Schiaretti, que se encuentra en una contienda con los grupos ambientalistas en el Valle de Punilla –la región más concurrida por los turistas en la provincia- debido a la construcción de una autovía que, denuncian los activistas, afectará brutalmente el bosque nativo, las cuencas hídricas y ciertos yacimientos arqueológicos de los pueblos originarios del valle, cuyos efectos “consideran irreparables”.
En un conflicto de baja intensidad pero con choques permanentes, las asambleas obstaculizan la circulación de las maquinarias de las empresas contratista, realizan acampadas y manifestaciones diarias y hacen denuncias penales que les ha valido la persecución policial, numerosas detenciones y el acoso y hostigamiento permanente de la fuerza de seguridad y de la fiscalía de la ciudad de Cosquín, foco desde donde se implementa la política represiva.
Ahora, la jueza Ferreyra fundamenta el habeas corpus en función de la aplicación del “Acuerdo de Escazu”, ley 27.566, que reconoce “a las personas, asociaciones, organizaciones o grupos que promuevan la protección del medio ambiente -defensores ambientales- como legitimados para tener acceso a la información de manera oportuna y adecuada, a participar de manera significativa en las decisiones que afectan sus vidas y su entorno y a acceder a la justicia cuando estos derechos ambientales hayan sido vulnerados”, señala el auto.
“No conocemos antecedentes de que en un proceso así se haya aplicado el Acuerdo de Escazú”, dijeron a Tiempo Judicial desde el juzgado.
Con una larga fundamentación, donde la jueza da por ciertas las denuncias de malos tratos, hostigamientos, persecuciones y detenciones arbitrarias que denuncian desde el colectivo ambientalista, el habeas corpus “exhorta a la Policía de la Provincia de Córdoba para que se abstenga de realizar medidas que impliquen limitaciones o amenazas a la libertad ambulatoria del colectivo conformado por los defensores de derechos humanos en asuntos ambientales, comunidades de pueblos originarios, pobladores de las localidades afectadas y abogados defensores de los Valles de Punilla, Paravachasca y Sierras Chicas, que se manifiesten pacíficamente en favor del medioambiente, siempre que no exista una orden judicial que así lo disponga”.
Además, exhorta a la Jefa de la Policía, comisaria general Liliana Rita Zárate Belletti, para que “haga conocer a todo el personal de la Policía (... ) que en el ejercicio de (...) la ley de Seguridad Pública de la Provincia de Córdoba y con el Protocolo de actuación policial para el uso legal y racional de la fuerza en la Provincia de Córdoba, la privación de la libertad sólo procede con carácter excepcional y cuando resulte absolutamente necesaria”.
Por último, entre otras medidas, recomienda al Gobierno de la Provincia para que elabore “un protocolo destinado específicamente a regular las prácticas y criterios de actuación de las fuerzas de seguridad en manifestaciones sociales que tengan por fin proclamar o defender derechos reconocidos por la Constitución Nacional y Tratados Internacionales, entre ellos los derechos ambientales reconocidos por el Acuerdo de Escazú”.
Se trata de un fuerte espaldarazo judicial para el aguerrido movimiento ambientalista que ya logró hace años detener la instalación de una fábrica de semillas transgénicas de la firma Monsanto en la localidad de Malvinas Argentinas, ubicada en el Gran Córdoba, ante el riesgo de propagar la contaminación de los agroquímicos y el paquete tecnológico agroindustrial.
Cabe mencionar que la policía cordobesa, en especial la asentada en el Valle de Punilla, está siendo investigada en otras causas por el asesinato de un joven por asfixia en una comisaria de La Falda y su responsabilidad en una investigación amañada para implicar a un joven changarin en un feminicidio en Capilla del Monte. La intervención de los abogados de la Secretaría de DDHH de la Nación fue providencial para salvar al joven, que sufría algunos problemas neurológicos, resultando absuelto en el juicio. Había confesado en una comisaría sin abogado presente.
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