“Pretenden probar una asociación criminal por tres mensajes de texto porque son peronistas y se dicen compañeros”, espetó Juan Villanueva a los fiscales de la causa Vialidad cuestionando las pruebas presentadas de los vínculos de su defendido con el exsecretario de Obras Públicas, José López. Y agregó: "Los peronistas llaman compañero hasta a su perro".
En el cierre de su alegato, el abogado de Lázaro Báez, Juan Villanueva, refutó las conversaciones privadas de José López con su defendido empresario santacruceño y criticó a los fiscales que sostuvieron como prueba que el empresario llame “compañero” a José López como prueba de sus vínculos. Ambos están acusados del delito de asociación ilícita y administración fraudulenta agravada por su calidad de “organizador”. Báez hoy tiene prisión domiciliaria.
"Tenemos un relato, hay aire, no tenemos nada para poder acreditar un concierto criminal con una grosera calidad probatoria de los fiscales", aseguró Villanueva en el cierra de su alegato donde volvió a pedir la absolución de su defendido Lázaro Báez. Y citó a Carrara pidiendo que sean "jueces sensatos y rechacen la acusación del MPF" porque "nosotros probamos que la prueba presentada en el debate fue rebatida por esta defensa donde ellos construyeron un relato remitiéndose a otras causas". Sobre AFIP, ya fue juzgado y sobreseído.
"Es una fantasía y es un relato", fueron los pasajes del alegato en las jornadas que tuvo a Villanueva como expositor en el cierre de la causa Vialidad donde les pidió a los jueces que "repasen el alegato de la fiscalía donde no hay nada porque no probaron los hechos que Lázaro habría hecho a través de su empresas". "No se puede sostener una condena en un salto de fe", esgrimió.
El abogado de Lázaro Báez rechazó este martes a la mañana otro de los puntos de la acusación de los fiscales, relacionado al supuesto encubrimiento de la AFIP en favor del empresario santacruceño. "No tienen sentido ni las más mínima lógica lo que intentaron", denunció.
El abogado también negó que Báez fuera “un cajero de banco que de la noche a la mañana se convirtió en empresario de la construcción”, tal como afirmaron los fiscales. En ese sentido, recordó que ingresó como cajero en el Banco Nación en 1974 y llegó a ser el gerente general del Banco de Santa Cruz hasta que se retiró a finales de los 90 para iniciar un emprendimiento en el rubro de la construcción.
Duro alegato fiscal contra Báez
La fiscalía solicitó 12 años de prisión, accesorias legales y costas para Lázaro Báez, al considerarlo autor del delito de asociación ilícita agravada por su calidad de organizador y partícipe primario de administración fraudulenta agravada por haber sido cometida en perjuicio de una administración.
Con palabras bastantes altisonantes como por ejemplo "los expedientes gritan", el fiscal Luciani inició hoy su acusación contra los ex funcionarios procesados en los cuáles señaló que probarán desde el MPF que durante 12 años hubo una “asociación ilícita piramidal del jefe de Estado para que la maniobra ilícita pudiera llevarse a cabo" en la cual “instalaron una de las matrices más grandes de corrupción extraordinarias que se desarollaron en el país”.
"Delinearon el plan con tanto detalle que crearon la empresa constructora que les generaría los beneficios" y hablando de Lázaro Báez "se mostrarían incondicionales" para la maniobra a la que calificó como de “corrupción sistémica”. En ese sentido, explicó que hubo una "ausencia absoluta de control con la finalidad de la defraudación de los fondos del Estado convirtiendo a Lázaro Báez de la noche a la mañana en un empresario de la construcción”.
En este juicio se pudo ver cómo se profanaron todas las reglas, y se vieron abusos de poder durante 12 años realizados estratégicamente desde el Poder Ejecutivo para direccionar las obras públicas hacia personas de confianza del ex presidente Néstor Kirchner como Lázaro Báez.
"Hubo 17 licitaciones de las 51 investigadas que no pasaron por el control del Congreso", detalló Luciani quien dijo que en "47 casos no se concretaron las obras públicas previstas". Además, contó que en las licitaciones "hubo todo tipo de artilugios financieros para favorecer a Lázaro Báez así como las ilegalidades en 12 años de gestión de la corrupción".
Sobre Lázaro Báez, señaló que "se le adjudicaron obras a su empresa por sobre otras mucho más experimentadas en el rubro construcción siendo como antecedente que fue sólo empleado bancario y monotributista previo a la llegada de Kirchner a la presidencia en 2003. Báez constituyó la firma en esa época montando una estructura societaria junto con las empresas de Ernesto Clarens y Guido Santiago Londeau. Y de un día para el otro se convirtió en el principal empresario beneficiado de la obra pública de Sta. Cruz, el 78 % de las obras fueron para Báez".
"Maniobras burdas para el apartamiento permanente de la ley", expuso este lunes Luciani en el zoom ante la mirada de la vicepresidenta Cristina Kirchner en un duro alegato de la única causa elevada a juicio que sigue su trámite tras tres año en curso y que podría concluir en septiembre.
“No se trató de prácticas aisladas como nos quiere hacer ver la UIF sino una dirección desde la jerarquía y una continuidad en el tiempo de la organización corrupta que convirtió a un parásito a determinados organismos del Estado” en Santa Cruz y luego extendida al Poder Ejecutivo Nacional durante 12 años. “Un beneficio patrimonial inexplicable para el señor Lázaro Báez”, detalló Luciani.
Además en la causa están imputados el ex Ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación, Julio De Vido; el ex secretario de Obras Públicas, José Francisco López; el ex titular de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), Nelson Pierotti; y el ex secretario de Coordinación de Obra Pública Federal, Carlos Santiago Kirchner.
La fiscalía pidió además la inhabilitación especial para el ejercicio de cargos públicos respecto de la y los imputados, y el decomiso de más de 5,3 mil millones de pesos (en rigor, $5.321.049.272,47), monto considerado del perjuicio económico causado; de los bienes muebles e inmuebles utilizados para la comisión del delito; y de aquellos que resultaron su producto.
Comentarios recientes