La organización criminal que operaba en el norte argentino y era conocida como el “Clan Castedo”, es juzgada y el proceso se encuentra en la recta final donde se descubre el origen del dinero del narcotráfico. El fiscal solicitó el pasado 28 de octubre penas de hasta 20 años de prisión para los integrantes de la banda liderada por Delfín Reynaldo Castedo, que vinculaba familiares y comerciantes de la zona de Salvador Mazza, de la provincia de Salta.
Para la fiscalía el vínculo de la organización se extendía hasta Bolivia y Colombia, y el poder de dominio había captado a funcionarios de las fuerzas de seguridad y operadores de la justicia provincial y federal. En esa línea, el fiscal general Carlos Martín Amad y el auxiliar fiscal Jorge Viltes Monier, indicaron al tribunal que las penas debían ir desde los siete a los veinte años de prisión por “asociación ilícita y lavado de activos provenientes del narcotráfico”.
Ante el Tribunal Oral Federal N°1, quien está a cargo de la causa e integrado por los jueces Federico Santiago Díaz, Mario Marcelo Juárez Almaraz y Marta Liliana Snopek, la fiscalía señaló que la estructura quedó demostrada. Por eso, además de la pena de 20 años, se solicitó el pago de una multa de 650 mil pesos para Delfin Castedo por considerarlo jefe de la asociación ilícita, falsificación de instrumento público y dos hechos de uso de documento público.




Chacras
Según fuentes judiciales contaron a Tiempo Judicial, la fiscalía detalló la compleja trama de compra y venta de las dos fincas, a través de testaferros. “Mario Yudi, un joven de 22 años, aparece como el comprador de la finca El Pajeal, por la cual pagó 600 mil dólares, dinero que no tiene manera de justificar”, sostuvo al respecto el fiscal general.
En cuanto a la adquisición El Aybal, en la cual se realizó una operatoria similar, el auxiliar fiscal dio detalles de la maniobra y dejó expuesta la labor de un escribano en la compra de la propiedad, ya que no dejó asentado el origen del dinero, tal como lo exigen las normas legales vigentes. A la fecha de la transacción, el hombre -que fue testigo en el juicio- presidía el Colegio de Escribanos.
Por estos motivos, la fiscalía pidió el decomiso de ambas fincas, junto con un auto, una camioneta, ocho máquinas topadoras, una casa rodante, seis acoplados, dos tractores, dos máquinas aradoras, dos sembradoras, un generador eléctrico, un contenedor, una fumigadora, cuatro extractores y una estructura metálica, entre otras maquinarias agrícolas.
En tanto, para su hermano Raúl se hizo un pedido de diez años de prisión y una multa de 100 mil pesos. El martillero público Eduardo Torino fue señalado como cómplice y recibió el pedido de ocho años de prisión y una multa de 200 mil pesos. La ex pareja de Delfín Castelo, fue señalada con nueve años de prisión y una multa de 640 mil pesos.
Por su parte, el comerciante, acusado de “encubrimiento agravado de activos de origen delictivo'', fue señalado por la fiscalía con el pedido de ocho años de prisión y una multa de 600 mil pesos, y Alberto Yudi y su hijo Mario, también comerciantes, penas de ocho y siete años de prisión y el pago de una multa de 1.200.000 pesos para cada uno.
Cabe recordar que la banda, según indicó la fiscalía, tenía un acuerdo para el tráfico de estupefacientes y otros delitos aleatorios, como amenazas y asesinato de Liliana Ledesma en septiembre de 2006. Ella denunció públicamente la existencia de “El Pajeal”, un campo que usaban para pasar droga.
Fue en 1999 cuando comenzaron a operar hasta julio de 2016. Delfín Castedo tenía 10 años prófugo y un pedido de captura por su participación justamente como autor intelectual del crimen de Ledesma.
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