Una mujer que sufre una emergencia obstétrica puede terminar presa en Argentina, aún hoy, a dos años de obtenida la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE). De hecho, esto sucede en varias provincias, incluso en Buenos Aires.
Según la ley, romper el secreto médico profesional para realizar una denuncia policial contra aquella mujer que ingresa a un centro de salud en búsqueda de asistencia tras une emergencia, como un aborto espontáneo en curso, no está permitido. Argentina suscribe a tratados internacionales con rango constitucional que identifica esta práctica como ilegal. Sin embargo, sucede. De muchos hospitales salen las denuncias que toman cuerpo en distintas instancias judiciales e incluso llegan a condenas y encarcelaciones.
¿Por qué el Poder Judicial da cabida a estas denuncias y desconoce la legalidad de la IVE y del secreto profesional? Esta pregunta fue motor para el libro “Entra una paciente, sale una denuncia”, escrito por Natalia Saralegui Ferrante, activista feminista y abogada (UBA) que trabaja en la Defensoría General de la Nación; María Lina Carrera, abogada (UBA), especialista en Derecho Penal (UBA) y Derechos Humanos; y Gloria Orrego-Hoyos, abogada (U. Javeriana), magíster en Derecho Constitucional (UP) y posgrado en Bibliotecología (UCES). Docente e investigadora en UdeSA y UTDT, quienes fueron entrevistadas por Tiempo Judicial.
Las autoras y coautoras se han enfocado en develar ese “engranaje en el que se combinan la escasa formación de los médicos y abogados sobre el tema, sus temores, las condiciones de trabajo en los hospitales y en los tribunales, y la intervención militante de la Iglesia católica en los centros de salud”. Las autoras también de “Dicen que tuve un bebé”, realizaron más de cien entrevistas en todo el país, recorrieron hospitales, revisaron planes de estudio de las carreras de Medicina y Derecho, y miraron expedientes.
En diálogo con este medio, cuentan detalles de la investigación sobre el proceso de violación del secreto médico que puede extrapolarse a otros países de la región e incluso a otros grupos sociales usualmente violentados, como las personas migrantes o el colectivo LGBTTIQ+.
-¿Cómo nace el libro “Entra una paciente, sale una denuncia”? ¿Cuál es el objetivo de la publicación?
Gloria Orrego Hoyos: Podemos responder desde una mirada más bien histórica del trabajo que hemos hecho las tres en nuestra publicación “Dicen que tuve un bebé”, donde nosotras trabajábamos la criminalización de mujeres por eventos obstétricos y una de las cosas que más aparecían en las entrevistas y expedientes es el hecho de la denuncia desde el hospital de la situación de las mujeres criminalizadas.
Teníamos la idea de por qué ocurren estas denuncias en violación del secreto médico profesional y sumamos casos que excedían de eventos obstétricos como casos de drogas, en los que podíamos ver que habían muchas denuncias y que había muchos más casos en los que el reporte policial mostraba. Entonces, el objetivo era indagar por qué ocurría eso y por qué esas denuncias tenían cabida no sólo en la policía sino también en fiscalías y terminaba con condenas a pesar de lo que decía la ley y lo que sostiene la jurisprudencia vigente.
Así diseñamos la investigación, con el apoyo del Instituto de la universidad de Georgetown y a partir de eso conseguimos la publicación de la investigación que tenía una idea mucho más empírica y que quería partir de las experiencias de las personas involucradas en el engranaje de la denuncia hacia las y los pacientes que llegaban a las salas de emergencias y guardias médicas.
-Hablan del camino del hospital a la cárcel: ¿Cómo se involucra la violencia institucional en esta narrativa?
Gloria: Sobre la violencia institucional encontramos formas en la que aparecía no sólo contra las y los pacientes sino también contra el propio personal médico y en dinámicas que se repetían dentro del hospital. Esto también se ve en los casos del Poder Judicial.
Encontramos violencia institucional más específicamente hacia las pacientes mujeres, pero tambien hacia las mujeres residentes. Con la idea sexista y estereotipada de cuál es el deber de las mujeres, veíamos acciones y omisiones que constituían violencia institucional. Había maltrato y la intención obsesiva de obtener una confesión. Y en el caso de violencia por omisión encontrábamos horas y horas de espera de mujeres cuando llegaban a los hospitales con abortos en curso, y de silencios de desinformación.
-¿Qué rol cumple la Justicia?
María Lina Carrera: La justicia cumple un rol fundamental en el caso de la violación al secreto médico profesional. Las causas que se originan en denuncias médicas en los que el personal médico toma conocimiento del hecho en el marco de la atención a una persona que acude como paciente en búsqueda de asistencia a su salud deberían, en principio, ser declaradas nulas.
Ese fue el punto que mas nos llamó la atención y nos convocó a la investigación de estos casos: no advertíamos que ninguna parte, defensa o fiscalía plantearan la nulidad de la denuncia por afectación a la garantía de secreto medico profesional. Tampoco era una cuestión tratada en las diferentes decisiones de los tribunales.
-¿Cómo fue hacer más de cien entrevistas? ¿Cómo se repartieron el trabajo?
María Lina: Las entrevistas que forman parte de nuestra metodología de trabajo desde que investigamos juntas es una de las cuestiones que más disfrutamos porque nos da un panorama de cómo se aplica la teoría a la realidad. Son conversaciones donde se pone de resalto que la legislación o la jurisprudencia no alcanzan y que hay que pensar situaciones creativas que apliquen a la realidad y que se alimenten de otras disciplinas. No se pueden pensar estas problemáticas en abstracto porque caemos en las mismas fórmulas abstractas que hasta el momento no sirvieron.
-¿A qué conclusión llegaron tras hacer ese trabajo?
María Lina: Luego de los resultados que obtuvimos de la investigación, nos encontramos con más interrogantes que certezas, lo que es una invitación a continuar trabajando estos temas que no sólo nos interpela a nosotras sino a toda aquella persona que quiera indagar sobre la problemática.
Encontramos muchas respuestas diferentes por parte del personal médico y judicial que interviene en este tipo de casos: hay muy poco conocimiento en la materia, mucho temor e incertidumbre, no se cuenta con espacios institucionales de confianza a los que consultar o sobre los cuales respaldarse.
Creemos que desde la disciplina del derecho es necesario abrir la conversación con otras herramientas hasta el momento vedadas en el día a día judicial: la medicina, sociología, antropología, lo que resulte necesario para entender el caso, y decidir a conciencia.
Hay que entender que en estos casos se trabaja con la herramienta más poderosa y cruel del Estado, que es el derecho penal. Frente a casos tan urgentes como estos, que implican la condena de una persona hasta la pena máxima de prisión perpetua, no podemos desatender las complejidades que los rodean. Es necesario un diálogo constante, acompañado de una formación actualizada y responsable.
-¿Cuáles son las zonas más afectadas por esta problemática?
Natalia Saralegui Ferrante: Nosotras teníamos un recorte metodológico, elegimos siete jurisdicciones. Muchas veces nos pasaba que efectores/as de salud o personas que trabajan en la justicia habían realizado su carrera y trabajado en lugares distintos. Por ejemplo, quizás una médica que estudió en Córdoba había ejercido en Trelew y venía de hacer una residencia en Jujuy. O lo mismo una trabajadora judicial de Río Negro que había estudiado en La Plata. Lo que quiero decir es que si bien nuestro recorte fue por jurisdicciones un poco lo que nos encontramos es esta mezcla.
Natalia Saralegui y María Lina Carrera, dos de las tres autoras del libro (Telam)
Nos preguntamos por qué denuncian efectores/as de salud y por qué se tolera eso en la justicia. No encontramos una jurisdicción que se destaque con una respuesta disruptiva frente a las demás. Encontramos un problema más bien general respecto a que de ninguna las entrevistas surgió una clara formación respecto del secreto profesional.
Y lo que también encontramos en común en las entrevistas es que aquello que moviliza a denunciar no es una idea religiosa sino más bien una lógica institucional. Vale destacar que, hoy en día, los casos que conocemos iniciados por la violación del secreto médico profesional siguen transcurriendo, algunos de ellos en la provincia de Buenos Aires. No es algo que suceda de forma aislada en algunas provincias, sino que es algo que sucede de manera general.
-¿Les ha quedado alguna historial particularmente marcada en la memoria?
Gloria: Hay historias en este libro que ya habíamos trabajado en el libro “Dicen que tuve un bebé”. La verdad es que la historia de Yamila en Santa Fe fue uno de los casos que me quedó más grabado por la solicitud que hace el personal médico a su familia para que vaya a hacer una denuncia contra Yamila, la sensación de complicidad del padre frente a la denuncia que tuvo que hacer pensando que era su obligación y pensando que estaba ayudando a su hija cuando en realidad un poco participó en la condena. El caso de Yamila sigue siendo muy impresionante. Hay otros casos como el de María Magdalena, el caso de Belén y otros casos de drogas que tratamos en el libro.
-¿Quieren agregar alguna reflexión más?
Natalia: El libro busca que diferentes personas que en general no conversan puedan hacerlo. Una pelea por lograr que haya conversaciones importantes sobre temas tan relevantes como este entre agencias judiciales, médicas y con la sociedad civil para reflexionar sobre las prácticas y tomar acciones que puedan mejorarlas, evitando las violencias y garantizando derechos.
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