La matrícula para los nuevos abogados y abogadas ascendió de poco más de 18 mil pesos a 74 mil en la Ciudad de Buenos Aires. Esa fue la nueva "corrección" que decidió el Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal (CPACF) y que comenzó a utilizarse desde el pasado 1 de mayo.

El aumento representa casi un 300% de aumento respecto de la cuota que estuvo vigente entre el 1 de mayo de 2022 y el pasado 30 de abril de 2023. A esto se suma que la matrícula para los abogados y abogadas que ya ejercen se duplicó puesto que pasó de 18.700 pesos a 37 mil aunque quienes abonen hasta el próximo 6 de junio podrán pagar 33 mil pesos.

Desde el Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal (CPACF), sin embargo, permiten el abono de la matriculación para los nuevos abogados y abogadas en tres cuotas con distintas tarjetas de crédito.

El ex presidente de la entidad y referente de la agrupación Gente de Derecho (Bloque 47), Jorge Rizzo, en redes sociales sostuvo: " Abogados ¿Saben en que usará el "ex" CPACF la matrícula 2023 ($37.000) según al presupuesto que "se aprobaron" el jueves pasado en asamblea?" y habló sobre "gastos y viajes muy poco claros" por parte de las autoridades.

 

 

Durante la asamblea realizada durante los primeros días de mayo donde se trató el presupuesto, Rizzo se preguntó sobre gastos por viajes y traslados por más de 10 millones de pesos e irónicamente se preguntó: "¿Volvió la agencia de viajes al colegio público?" y se preguntó "¿Por qué vamos a los congresos de la FACA cuando no somos miembros?".

Por su parte, Carlos Mas Vélez, integrante de otra lista Unidad (Bloque 67) sostuvo que "sería deseable y para futuras eventualidades que presenten su propio presupuesto y entonces tendremos dos modelos de gestión y financiamiento del Colegio Público" y sostuvo que "nosotros defendemos este presupuesto que tiene que ver con un colegio que volvió a abrir sus puertas".

Otro punto que fue novedad con respecto al CPACF es la reciente conocida circular 22/2023 ANSES donde el colegio difundió un comunicado en el que expresó "su enérgico rechazo a lo establecido por la Circular N° 22/2023, emitida por la ANSES, que excluye a los/as abogados/as del derecho de actuar en carácter de apoderados/as en la tramitación del Plan de Pago de Deuda Previsional dispuesto por la Ley N° 27705".

"Esta inconstitucional y arbitraria medida limita el ejercicio profesional y obstaculiza el acceso a la justicia de los sectores más vulnerables de la sociedad, por lo que exigimos el inmediato cese de la aplicación de dicha Circular", dice el comunicado.