La justicia también se construye en las preguntas

La autora:
Maite Sofia Garmendia es abogada especialista para la Magistratura, y en Justicia Constitucional y Derechos Humanos. Trabajadora por concurso del Ministerio Público Fiscal de la Nación – Unidad Fiscal Rosario. Integrante del Foro Argentino de Género, Derechos y Justicia.

"La filosofía no le ofrece al derecho respuestas definitivas. Le recuerda, una y otra vez, cuáles son las preguntas que nunca puede dejar de hacerse."

¿Qué hace que una decisión sea justa? ¿Alcanza con que sea legal para que sea legítima?

Son preguntas tan antiguas como el propio derecho y, por eso, siguen siendo actuales. Vivimos tiempos en los que el debate jurídico suele concentrarse en la interpretación de las normas o la supuesta eficiencia de los procesos. Pero el derecho pierde parte de su sentido cuando deja de preguntarse por aquello que le da fundamento: la justicia.

Las normas no existen en el vacío. Detrás de cada interpretación jurídica hay una concepción sobre la persona, la libertad, la igualdad, el poder y la dignidad humana. Por eso, aplicar la ley nunca es un acto puramente mecánico; supone ejercer una cuota de poder que incide directamente sobre la vida de las personas.

Esa reflexión permite recuperar una distinción imprescindible: legalidad y legitimidad no son sinónimos. La legalidad exige que el poder se ejerza -al menos- conforme a la Constitución, las leyes y los procedimientos establecidos. La legitimidad, obliga a preguntarnos si ese ejercicio encuentra justificación en los valores de una sociedad democrática. La historia nos ha enseñado que existieron normas formalmente válidas que consolidaron profundas injusticias. En un Estado constitucional y convencional de derecho, la legalidad encuentra su sentido cuando se orienta por la dignidad humana, los derechos fundamentales y una igualdad real y efectiva.

Solemos creer que la justicia se expresa en sus respuestas: una sentencia, una condena, una absolución. Sin embargo, toda decisión comienza mucho antes. Comienza con una pregunta: ¿Qué ocurrió? ¿En qué contexto? ¿Quién necesita ser escuchado/a? ¿Qué hipótesis estamos dispuestos a considerar? ¿Qué experiencias permanecen invisibles porque nunca aprendimos a mirarlas?

Las preguntas nunca son neutras. Delimitan aquello que será investigado, aquello que permanecerá oculto y, muchas veces, condicionan el resultado mismo del proceso.

Allí aparece uno de los mayores desafíos: construir instituciones capaces de revisar críticamente sus propias prácticas. Desde esa perspectiva, los derechos humanos dejan de ser un catálogo de normas o una materia reservada para ciertos casos. Constituyen el fundamento ético y jurídico del ejercicio de la función pública. Nos recuerdan que toda decisión estatal debe tener como horizonte el debido proceso, la protección de la dignidad humana y el acceso a la justicia en condiciones igualitarias.

La perspectiva de género se inscribe precisamente en ese paradigma. No constituye un privilegio ni una excepción metodológica. Es una herramienta para identificar desigualdades estructurales, desmontar estereotipos y garantizar que los principios de igualdad y no discriminación dejen de ser una promesa abstracta para convertirse en una práctica cotidiana. Lo mismo ocurre con la perspectiva de niñez, el enfoque intercultural e interdisciplinario o el modelo social de la discapacidad: todos ellos enriquecen la mirada judicial porque permiten comprender mejor la complejidad de las experiencias humanas.

Pero hay una pregunta todavía más profunda, de la que hablamos poco: ¿Quiénes hacen las preguntas de la justicia?

Las instituciones no piensan por sí mismas. Son las personas que las integran quienes investigan, interpretan, argumentan y deciden. Por eso, hablar de una justicia democrática también implica preguntarnos quiénes logran acceder a la carrera judicial. ¿Las oportunidades son verdaderamente iguales? ¿Quiénes pueden sostener años de formación, exigencias y trayectorias que, muchas veces, requieren recursos económicos, tiempo y redes de apoyo que no están al alcance de todos?

No se trata de disminuir la excelencia técnica. Sería un grave error. Se necesitan juristas sólidamente formados, rigurosos e independientes. Pero esto, por sí solo, no alcanza. Necesitamos operadores jurídicos comprometidos con la función pública, conscientes de que administrar justicia no representa un espacio de privilegio sino una responsabilidad institucional frente a la sociedad.

No se construye únicamente con mejores leyes o estadísticas. Sino también con mejores preguntas para llegar a la verdad. Con una carrera judicial abierta al talento y al compromiso, capaz de reflejar la diversidad de la sociedad a la que sirve. Así, la justicia nunca es un punto de llegada definitivo, sino un valor, una búsqueda permanente. Una tarea inacabada que exige conocimiento, reflexión crítica, sensibilidad y una profunda vocación de servicio.

Quienes trabajamos en el sistema sabemos que una investigación puede cambiar por completo según las preguntas que se formulen desde el comienzo. Una pregunta abre una línea de investigación. Otra la clausura. Una permite comprender el contexto. Otra reproduce una explicación basada en prejuicios. Una habilita que una persona sea escuchada. Otra puede hacer que decida no volver nunca más.

Allí también se juega el acceso a la justicia. En tiempos en que discutimos reformas procesales, eficiencia institucional y nuevas formas de organización, quizás convenga detenernos en algo más elemental. Antes de preguntarnos cómo resolver mejor los conflictos, deberíamos preguntarnos cómo los estamos escuchando y quiénes lo hacen.

Porque la democracia no termina donde comienzan los tribunales. También habita en la manera en que seleccionamos a quienes integran nuestras instituciones, en las voces que decidimos escuchar y en la capacidad de reconocer que detrás de cada caso hay una persona cuya dignidad constituye el verdadero límite -y, al mismo tiempo, el verdadero sentido- del derecho.

Tal vez esa sea, una buena definición: una justicia democrática no es aquella que únicamente habla en nombre del pueblo; es aquella que es capaz de comprender al pueblo al que sirve.