La calidad de la justicia no se mide solo en sus respuestas, sino en las preguntas que orientan cada decisión: quién las formula, desde qué mirada y qué realidades quedan dentro —o fuera— de ese proceso. Por Maite Sofia Garmendia.
El debate sobre la Ley 26.657 quedó atravesado por interpretaciones y críticas que muchas veces no se corresponden con su contenido real. Un análisis sobre los límites de la norma, los mitos construidos alrededor de ella y las falencias de implementación que suelen confundirse con sus efectos. Por Matías Leandro Rodríguez y Anabel Villegas Tobares.
A propósito del Coloquio Regional Virtual que reunirá este 23 de julio a magistradas de toda la región para debatir sobre calidad democrática.
La decisión del juez Lisandro Aguirre al dirigirse directamente a una niña mediante una carta durante un fallo, pone en el centro una dimensión muchas veces relegada: la necesidad de que la Justicia no sólo resuelva, sino que también sea comprensible y reparadora para quien sufrió el daño. Explicar, reconocer y validar la experiencia de la víctima forma parte esencial del proceso judicial, especialmente cuando se trata de niñas, niños y adolescentes. Por Matías Leandro Rodríguez y Carlos Quirós
Una mirada que propone ampliar quiénes pueden accionar en la Justicia, incorporando a las redes de cuidado elegidas y reconociendo las familias diversas, para garantizar una tutela efectiva frente a situaciones de desigualdad estructural y violencia por motivos de género e identidad. Por DANIELA A. ARCURI.
Mientras el debate público se obsesiona con el fantasma de las denuncias falsas, un fallo histórico de la Cámara de Mar del Plata desarma la estrategia de la desinformación de género y condena la inercia de un Estado penal que prefiere dudar de las víctimas antes que interpretar el riesgo. Una lección dogmática frente a la sospecha patriarcal que archiva vidas.
En nombre de una supuesta rapidez para cubrir vacantes, se dejan de lado la participación ciudadana, los criterios de diversidad y controles construidos durante años en la selección de jueces. El resultado es un retroceso institucional que debilita la transparencia y pone en cuestión la independencia y la legitimidad del Poder Judicial.
El proyecto que endurece las penas por falsas denuncias en violencia de género desplaza el foco desde la violencia hacia quienes denuncian, en un contexto donde la subdenuncia es mayoritaria y los femicidios persisten. El recorte de recursos y el debilitamiento de políticas de asistencia agravan las barreras de acceso a la Justicia y reducen las condiciones necesarias para que las víctimas puedan sostener el proceso judicial.
La reciente reforma al régimen de designación de magistrados reabre el debate sobre transparencia, igualdad y democracia en el acceso a los más altos cargos del sistema de justicia.
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