En nombre de una supuesta rapidez para cubrir vacantes, se dejan de lado la participación ciudadana, los criterios de diversidad y controles construidos durante años en la selección de jueces. El resultado es un retroceso institucional que debilita la transparencia y pone en cuestión la independencia y la legitimidad del Poder Judicial.
El proyecto que endurece las penas por falsas denuncias en violencia de género desplaza el foco desde la violencia hacia quienes denuncian, en un contexto donde la subdenuncia es mayoritaria y los femicidios persisten. El recorte de recursos y el debilitamiento de políticas de asistencia agravan las barreras de acceso a la Justicia y reducen las condiciones necesarias para que las víctimas puedan sostener el proceso judicial.
La reciente reforma al régimen de designación de magistrados reabre el debate sobre transparencia, igualdad y democracia en el acceso a los más altos cargos del sistema de justicia.
La reforma de la Ley 26.657 vuelve a poner en disputa el rumbo de la salud mental en Argentina: entre profundizar un enfoque basado en derechos, inclusión y abordajes comunitarios, o reactivar lógicas centradas en el encierro y la medicalización. Más que un cambio normativo, el debate interpela el modo en que el Estado responde al sufrimiento y define quiénes quedan dentro —o fuera— de la ciudadanía plena.
El plazo razonable es una exigencia central del Sistema Interamericano, pero los propios tiempos de la Comisión y la Corte abren una pregunta incómoda. A partir de casos que demoraron décadas, este análisis pone en tensión quién controla los tiempos de la justicia internacional y con qué estándares. Por Sofía Andrea Curatolo.
La debida diligencia reforzada exige al Estado actuar de manera inmediata frente a la desaparición de mujeres, niñas y adolescentes. Sin embargo, cuando la búsqueda tiene éxito, surgen cuestionamientos que pierden de vista el propósito central de estos procedimientos.
La cobertura de las vacantes en los máximos tribunales vuelve a poner en debate una cuestión que debería estar saldada: la igualdad en el acceso a los espacios donde se ejerce el poder.
La Corte declaró inconstitucional la cesión de datos sin consentimiento y reforzó el derecho a la privacidad, aunque dejó abiertos los desafíos que plantea la protección de la información en el entorno digital. Por María Julia Giorgelli.
La designación de un “abogado del niño” en un proceso por femicidio reabre el debate sobre el uso adecuado de esta figura y advierte que, aplicada fuera de su finalidad, puede derivar en cuestionamientos técnicos y afectar la solidez del proceso penal. Por Matías Leandro Rodríguez y Clarisa del Carmen Cancino.
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