Ayer comenzó el decimoquinto juicio que investigará los crímenes de lesa humanidad ocurridos durante la dictadura en la provincia de Tucumán, conocidos como la megacausa "Jefatura III”, la cual tiene en el banquillo de los acusados a 27 exmilitares y expolicías de la provincia vinculados a los delitos cometidos contra 237 víctimas, de las cuales 84 continúan desaparecidas.
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán, integrado por la jueza subrogante María Noel Costa, del Tribunal Oral en lo Criminal Federal 2 de Córdoba, y los jueces subrogantes Enrique Lilljedahl y Juan Carlos Reynaga, integrantes titulares del Tribunal Oral en los Criminal Federal de Catamarca. Como juez sustituto Federico Bothamley, del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Santiago del Estero.
Esta es la tercera parte de la megacausa "Jefatura de Policía de Tucumán". Según la investigación, los crímenes se perpetraron en los centros clandestinos de detención que funcionaron en la sede de la jefatura policial tucumana, además de las instalaciones del Ingenio Nueva Baviera, que desde el 66’ no realizaba producción azucarera.
En la primera jornada, la fiscalía presentó una síntesis de los requerimientos de elevación a juicio, se plantearon cuestiones preliminares y comenzaron a recibirse las declaraciones indagatorias de algunos de los acusados. Entre ellos están los exmilitares Camilo Angel Colotti, Ramón Ernesto Cooke, Mario Miguel Dursi, Luis Rolando Ocaranza, José Roberto Abba, Luis Alberto Ocaranza y Augusto Leonardo Neme.
Además, pertenecientes a la Policía de Tucumán, se encuentra Ricardo Sánchez, Rolando Reyes Quintana, Manuel Vila, Miguel Ángel Chaile, Hugo Figueroa, Guillermo Ugarte, Maria Luisa Acosta de Barraza, Antonio Vercellone, Ramón Jodar, Alberto Rivero, Emilio Abec, Segundo Acosta, Miguel Angel Nieva, Miguel Angel Venturino, Juan Luis Villacorta, Pablo Zárate, Olga Aguilar de Porcelo, Mario Senco, José Antonio Váquez, Juan Carlos Soria y Luis Ocaranza.
El Ministerio Público Fiscal tendrá como representante al fiscal general subrogante Pablo Camuña y la auxiliar fiscal Valentina García Salemi, acompañados por personal de la Unidad de Derechos Humanos de Tucumán y como querellante participa el abogado Pablo Gargiulo. Asimismo, los acusados, puntualmente 26, serán representados técnicamente por el Ministerio Público de la Defensa y uno tendrá un abogado particular.
Los hechos
Entre los delitos que se vinculan al Servicio de Informaciones Confidenciales (SIC) de la provincia, hay violaciones de domicilios, privaciones ilegítimas de la libertad con apremios, torturas agravadas, abusos sexuales y homicidios calificados que fueron cometidos, principalmente, en el centro clandestino de detención “Jefatura de Policía de Tucumán”.
En ese lugar, y el aparato represivo mencionado, ya fue señalado en dos oportunidades por otros cientos de casos en los años 2008 y 2014, en los cuales se dieron condenas significativas a un gran número de acusados. El SIC también está vinculado a hechos en el centro clandestino de represión “Nueva Baviera” o Puesto de Comando Táctico, ubicado en Famaillá, en el sur de la provincia, y coordinado por el Ejército, así como también en la coordinación de al menos 32 comisarías distribuidas por toda la provincia.
Cabe señalar, que los restos de varias víctimas asesinadas se recuperaron e identificaron en la fosa común conocida como “Pozo de Vargas”. La misma, es la más grande del país descubierta hasta ahora, lo que llevó una profunda tarea pericial con resultados decisivos en torno a la identificación de víctimas de desaparición forzada.
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