Detalles de la ley de Ética Pública y Transparencia bonaerense

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia de la provincia de Buenos Aires, junto con municipio de Mercedes, presentaron el proyecto de ley de Ética Pública y Transparencia, una propuesta legislativa que encaró en octubre pasado el gobernador Axel Kicillof junto con Julio Alak y que se direcciona a establecer un sistema de promoción, impulso y garantía de la ética pública, la integridad y la transparencia.

La actividad contó con la presencia de distintos funcionarios municipales, organismos de la sociedad civil y personas del ámbito empresarial. Entre ellos, el intendente Juan Ignacio Ustarroz, la subsecretaría de Transparencia Institucional, Ana Laura Ramos, y el subsecretario de Planificación de Políticas de Transparencia de la Oficina de Anticorrupción, Luis Villanueva.

En ese marco, Tiempo Judicial dialogó con Marcelo Krikorian, abogado, Magister en Derechos Humanos, Doctor en Ciencias Jurídicas por la Universidad Nacional de La Plata e integrante de la Comisión de Grado Académico, que participó en la confección del proyecto en representación de la UNLP y destacó la necesidad de extender el proyecto a los otros poderes del Estado.

¿Cómo se originó?

Con motivo de la decisión del Poder Ejecutivo de la provincia de elaborar un proyecto de Ley de Ética Pública. Nunca ha tenido una ley ética pública y de integridad, de modo que en ese marco es una iniciativa que es bienvenida y que corresponde ser acompañada. En segundo término, lo que hace el Poder Ejecutivo es seguir los lineamientos que se observan tanto a nivel internacional como nacional cuando se elaboran normas de estas características u otras que son de interés público. En este caso, es generar una suerte de convocatoria amplia, a diferentes instituciones para que puedan aportar a la elaboración de la ley y para que puedan aportar ideas y mejorar los contenidos.

 ¿Cómo se trabajó en la confección del proyecto?

Hubo un conjunto de reuniones que se hicieron por zoom, esto fue durante el 2021 y, finalmente, quedó consolidado un documento, un anteproyecto que fue presentado en algunos foros en varias ciudades. El proyecto tiene un perfil nítidamente preventivo, es decir, a lo que apunta es a que se prevengan situaciones de corrupción, de conflictos de intereses, de incompatibilidades para todas las personas que ejercen funciones públicas, en este caso en el ámbito del Poder Ejecutivo de la provincia. El espíritu del proyecto era que esto abarque, como corresponde y como debe ser, a todos los poderes públicos. Porque la ética pública es algo transversal a todas las personas que cumplen funciones públicas, a quien ejerce la Magistratura, a quien tiene la función de legislar, a quien tiene las funciones ejecutivas, no importa si es una persona elegida por el pueblo, elegida por otro mecanismo de selección, en definitiva, todos deben ser sujetos obligados.

 ¿Todavía no será para los otros Poderes?

Esto no se ha puesto en debate todavía, no nos olvidemos que es un proyecto que hoy está en la Legislatura. Ojalá que en la Legislatura se alcancen consensos, para que el contenido sea extensivo a los demás poderes del Estado y no solamente al Poder Ejecutivo. El perfil preventivo hoy por hoy, que está muy bien elaborado, tiene contenidos muy interesantes sobre algo que no tiene que ver con el día a día, sino con programar o planificar los temas de ética pública, de integridad y de transparencia a mediano y largo plazo. Particularmente: la capacitación obligatoria para todas las personas que cumplen funciones públicas, pero la capacitación es fundamental y eso está expresamente mencionado en los artículos.

 ¿Qué otro alcance tiene?

Hay una expresa mención sobre el trabajo que debe hacerse con el sistema educativo de la provincia en todos los niveles primarios, secundario y terciario para que los contenidos educativos estén relacionados con temas de ética pública, para construir ciudadanía, por eso hablo del mediano y largo plazo, más largo que mediano. La idea es construir ciudadanía formando personas identificadas con los valores de la ética pública, de la integridad, de la transparencia, y eso es muy importante porque es algo que no vamos a ver en una gestión o en dos, pero es importante que comience a trabajarse desde los niveles más básicos de la enseñanza hasta los niveles más avanzados. En el mismo sentido se ha incorporado, esto es algo que han pedido concretamente la UNLP y también la UNNOBA, que haya en el articulado una invitación a las universidades nacionales con sede en la provincia de Buenos Aires, tanto públicas como privadas, a que incorporen esto en todas las carreras, es un error pensar que solamente la ética se trabaja para quien estudie derecho.

¿Qué piensa sobre la autoridad de aplicación, debería estar en el proyecto?

Tengo una mirada crítica. Entiendo que la autoridad de aplicación debe contener en el articulado del proyecto algunos detalles o precisiones que den cierta estabilidad y perfíl de idoneidad a quien ejerza esa función en el futuro. Celebro que la ley cree una autoridad de aplicación que se encargue de hacer cumplir la ley, que dictamine en caso de incompatibilidades o conflictos de intereses. Pero también es cierto que como pasa en todas las autoridades, si yo tengo que cumplir el rol de hacer cumplir la ley, esa persona tiene que tener ciertas garantías para cumplir el cargo con tranquilidad. Significa, por ejemplo, que su designación sea por un lapso de tiempo. Lo mismo sobre el perfil de idoneidad, se requieren ciertos requisitos de publicidad. Esto significa que se pueda proponer a la persona y se haga público el nombre, quién es, su recorrido profesional. Esto no está en el proyecto, pero espero que en la legislatura se logre.

 ¿Qué otros aspectos del proyecto se destacan?

Un consejo consultivo en el que participan diferentes instituciones de la sociedad civil que son el reflejo de quienes participaron en su elaboración, como los colegios profesionales, tanto de la abogacía como de la Magistratura y la Función Judicial y eso está reflejado en el Consejo Consultivo que se proyectó en el anteproyecto. Es decir, en ese Consejo Consultivo están las universidades, los Colegios profesionales y organizaciones de la sociedad civil de reconocido prestigio. Es para pensar también desde ese espacio plural y participativo ideas, iniciativas vinculadas con la ética pública. Hay también una Comisión Provincial de ética pública donde tienen representación los sujetos obligados, en este caso, serán representantes del Poder Ejecutivo, esperemos que de los otros poderes también si es que la ley sale con extensión al resto de los Poderes con participación de organismos de la Constitución, Fiscalía de Estado , si desea podría participar la Defensoría del Pueblo, Tribunal de Cuentas y Contadurías General de la Provincia.