La Corte Suprema de Justicia de la Nación convocó a una audiencia pública por la contaminación en el Parque Nacional Calilegua, en la provincia de Jujuy. La misma se realizará el próximo 27 de junio y se analizan las responsabilidades del estado nacional, provincial y municipal por un daño ambiental que comenzó con las explotaciones petroleras en la zona.
La causa llega al máximo tribunal del país después de que se presentara en 2014 por parte de los vecinos de la zona una acción de amparo colectivo por el daño ambiental que causa la explotación petrolera dentro y en las inmediaciones del Parque Nacional. Se trata del expediente “Saavedra, Silvia Graciela y Otro c/Administración Nacional de Parques Nacionales Estado Nacional y Otros y Otro s/Amparo Ambiental (FSA 018805/2014)”.
A las 11 horas de la mencionada fecha será la audiencia pública en el cuarto piso del edificio ubicado sobre la calle Talcahuano de la Capital Federal. Allí los cortesanos analizarán la responsabilidad del Estado Nacional, provincial y municipal respecto de la preservación y la protección del ambiente; sin perjuicio de hacer específica referencia al hábitat del yaguareté como especie en peligro de extinción.
Hay que recordar que la demanda colectiva fue presentada contra el Estado Nacional, la Administración de Parques Nacionales, la provincia de Jujuy, el municipio de Yuto, YPF S.A. y las empresas concesionarias. El objetivo es que cese la explotación petrolera.
Las distintas partes de la causa tienen hasta el próximo 9 de junio para aportar los datos de las personas que asistirían al acto en representación o acompañando a cada parte, hasta un máximo de diez asistentes, incluyendo a los letrados y al orador. Además, los oradores deberán presentar un resumen escrito de lo que dirán.
La demanda de los vecinos pretende que la Corte “ordene el cese de las conductas generadoras del daño ambiental colectivo, que se imponga a sus responsables el deber de recomponer progresiva y gradualmente el ambiente y que se exija a la empresa concesionaria de la explotación petrolera la contratación del seguro ambiental en los términos previstos por la ley 25.675”.
Según consta en la causa, en el parque nacional se encuentra el yacimiento “caimancito” que funciona desde 1979 pero se incumplió con medidas de mitigación ambiental que fueron dispuestas en 1996. Actualmente en el yacimiento se habrían perforado 34 pozos, de los que solo 12 se encontrarían actualmente en producción, bajo condiciones deficientes de seguridad ambiental dentro de un área natural protegida en la que se encuentra prohibida la actividad petrolera.
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