La Comisión Auxiliar Permanente de Reglamentación del Consejo de la Magistratura de la Nación aprobó el “Protocolo para la prevención, abordaje e intervención en casos de violencia y acoso laboral con perspectiva de género”
El protocolo busca garantizar un ambiente saludable de trabajo libre de violencia y discriminación, en el que se resguarde la integridad y la salud de las personas que prestan funciones en el ámbito del organismo. En tanto, ya este medio contó que organizaciones civiles vienen pidiendo "igualdad de género" en el Poder Judicial.
Por otra parte, tiene como objetivo asegurar, conforme los compromisos asumidos por el Estado Nacional, la no discriminación por cuestiones de género, orientación sexual, identidad de género, nacionalidad, etnia, religión, discapacidad, razones políticas y/o gremiales, clase, situación social o económica, capacidades o caracteres, o de cualquier otro tipo en el ámbito del Consejo de la Magistratura.
“Propongo que aprobemos el protocolo para salir con un sabor más dulce porque aprobar un juicio político a un magistrado no me deja conforme porque en algo hemos fallado cuando lo elegimos para ser juez de la Nación”, aseguró Lugones, haciendo referencia al juez federal de Mendoza Walter Bento, quien será suspendido de su cargo y enviado a juicio político por presunto mal desempeño de sus funciones por 10 delitos por los que tiene ocho procesamientos firmes, y por ejercer violencia de género en el ámbito laboral del Poder Judicial. Por esto, Bento el mes que viene comenzará a afrontar un juicio oral.
La aprobación del juicio político contó con el apoyo del presidente del Consejo, Horacio Rosatti, de los representantes de Juntos por el Cambio, del Frente de Todos y del resto de los estamentos del Consejo. Respecto al citado protocolo, el consejero Diego Barroetaveña se comprometió a impulsar “algunas correcciones ya que hay una postura de la asociación que no podemos obviar”.
A esto, Rodolfo Tailhade sumó que “hay que afectar el protocolo a las comisiones de Acusación y Disciplina para que sea guía en esas investigaciones. Deberíamos avanzar y voy a hacer una presentación para dejarlo planteado”.
La sesión culminó con buenos augurios y celebraciones. No sólo el presidente del Consejo de la Magistratura, Horacio Rosatti, elogió “la concordia inesperada pero celebrada”, sino que también la consejera Vanesa Siley, presente en la reunión de forma telemática, lamentó “no poder estar ahí” para “felicitar el trabajo de la Comisión de Reglamentación y toda la comunidad judicial porque trabajaron las dos asociaciones sindicales” lo que permitió que este tema dejase de postergarse.
“Quiero enviarle todo mi respeto al consejero Lugones como presidente de la comisión por haber agarrado la posta y llevarlo con la velocidad que se merece. Pido corregir lo que falta que es la oficina que es instrumental y dar un paso de avanzada fundamental para casos de violencia de género, por razones laborales, políticas, ideológicas y sindicales. Es un muy buen precedente y ojalá logremos aprobar por unanimidad”, cerró Siley.
La reunión fue presidida por el consejero Alberto Agustín Lugones, con la participación de Diego Barroetaveña, Jimena de la Torre, Miguel Piedecasas, María Inés Pilatti Vergara, María Alejandra Provítola, Roxana Reyes, Guillermo Tamarit y Gerónimo Ustarroz.
El encuentro tuvo lugar, de manera semipresencial, en la Sala de Plenario “Lino E. Palacio”, ubicada en Libertad 731, pio 2° y fue transmitido en vivo a través de este portal y el canal en YouTube del Consejo de la Magistratura.
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