Los vuelos de la muerte, como fue conocido el sistema, era la metodología que usaron los genocidas para la muerte y desaparición de los cuerpos durante la última dictadura militar: consistía en el atroz sistema de drogar a los secuestrados y arrojarlos al mar argentino o Río de la Plata. El sábado por la tarde se repatrió el PA-51, avión de la Prefectura Naval Argentina (PNA) que fue usado para el exterminio y estuvo casi 30 años fuera del país.
La nave aterrizó en el Aeroparque Jorge Newbery. La justicia pudo confirmar que la misma fue usada para la desaparición de doce secuestrados de la Iglesia de la Santa Cruz, tres Madres de Plaza de Mayo, en las que se encontraba la fundadora y principal impulsora, Azucena Villaflor, y las monjas francesas Alice Domon y Leonie Duquet. El hecho ocurrió en plena dictadura, el 14 de diciembre de 1977, a las 21.30.
Asimismo, la repatriación del avión fue reclamada desde un comienzo por las hijas de las Madres de Plaza de Mayo víctimas de la metodología e impulsado por el Gobierno, pero no fue sencillo. La nave tardó 20 días, ya que se encontraba en Estados Unidos, salió de ese país y debió parar en Jamaica, tuvo otra parada en Bolivia, luego en la provincia de Tucumán para luego llegar a Buenos Aires, donde fue recibido por autoridades nacionales como un símbolo de memoria de la etapa más oscura del país.
Las causas
En el año 2017 una causa unificada de la Escuela de Mecánica de la Armada fue la primera en que se condenó, en esa oportunidad a D'Agostino y Arru, por el vuelo hechos el 14 de diciembre de 1977. Como informó Tiempo Judicial , el año pasado el Tribunal Oral Federal 2 de San Martín condenó a cuatro militares por los casos de Rosa Eugenia Novillo Corvalán, Roberto Ramón Arancibia, Adrián Enrique Accrescimbeni y Juan Carlos Rosace, detenidos en “el campito”, ubicado en Campo de Mayo.
Los acusados en esta oportunidad fueron los ex jefe Santiago Omar Riveros; el ex comandante de batallón Luis del Valle Arce; su segundo, Delsis Ángel Malacalza; el ex oficial de operaciones de esa dependencia, Eduardo María Lance; y el entonces oficial de personal, Horacio Alberto Conditi.
El fiscal, Marcelo García Berro, por ese entonces explicó que los vuelos “formaron parte del engranaje represivo que permitió que los hechos criminales sucedieran y dejaran un número altísimo de víctimas del terrorismo de Estado. El método de eliminación física de oponentes que fue usado por las estructuras militares y que funcionó como un gran dispositivo de muerte”.
En ese marco, indicó que “resultaba intrascendente que las víctimas estuvieran vivas o muertas cuando fueron arrojadas a las aguas del mar argentino desde los aviones de la muerte, por cuanto el aporte realizado por los imputados fue previo, coordinado, organizado y subsumido en el plan sistemático de exterminio”.
Además, en el tribunal de Dolores hay una causa que tiene como acusados a encubridores de los vuelos, a policías, médicos y al juez Carlos Facio. Según la acusación, ellos dejaban sin identificar a los cuerpos que aparecían en las playas argentinas y que eran víctimas de este modus operandi. Pero según informaron, la Cámara Federal de Mar del Plata todavía tiene que revisar los procesamientos que dictó el juez Martín Bava y que fueron puestos en suspenso tras un recurso de uno de los policías.
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