En un escenario político marcado por tensiones y controversias, la visita de Marcelo D’Alessandro a la Comisión de Juicio Político de Diputados fue aguardada con gran expectativa. El motivo de su comparecencia se enmarca en el proceso en curso que apunta a evaluar el desempeño de jueces de la Corte Suprema, centrándose particularmente en el fallo relacionado con la coparticipación entre la Ciudad de Buenos Aires y el Gobierno nacional.
Desde el sector oficialista, D’Alessandro fue sometido a un intenso interrogatorio respecto a su vínculo con Silvio Robles, director de la vocalía del presidente del máximo tribunal, Horacio Rosatti. El exministro de Justicia y Seguridad porteño defendió su postura afirmando que los chats filtrados de su teléfono contienen conversaciones falsas y que "la Justicia ya ha dictaminado que son un delito".
Ante la comisión, D’Alessandro argumentó que lo que se observa en los mensajes no es una filtración, sino una operación de inteligencia. Se refirió a los supuestos diálogos con Robles sobre casos que se tramitaban en la Corte en relación a la coparticipación y al Consejo de la Magistratura. Similar a la actitud adoptada por Robles en su declaración previa, D’Alessandro esquivó responder si conoce a Robles, amparándose en el artículo 18 de la Constitución Nacional.
Sin embargo, ante la presentación de una foto de Robles, D’Alessandro reconoció conocerlo. En respuesta a preguntas de la diputada oficialista Vanesa Siley, recordó que denunció el robo de su línea de celular y que existen denuncias en la Justicia Federal y de la Ciudad. en tanto, afirmó que hay causas abiertas en las que se investigan operaciones de inteligencia con objetivos específicos.
D’Alessandro sostuvo que existen dictámenes judiciales relacionados no solo con su caso, sino también con jueces, fiscales y políticos. Estos dictámenes habrían concluido que las conversaciones podrían haber sido editadas o alteradas. A pesar de las quejas de la oposición, la presidenta de la comisión ordenó que se leyera el contenido de los supuestos chats, provocando un debate sobre la legalidad de considerar estos chats como pruebas.
El exministro negó que se le hubiera asignado un rol político en las causas de coparticipación y el Consejo de la Magistratura. En relación con su renuncia a su cargo, D’Alessandro afirmó que fue por motivos personales y que no necesitaba valerse de ningún cargo o fuero para defenderse de las acusaciones. El interrogatorio concluyó con una votación para solicitar a la Justicia Federal información sobre todas las causas en las que D’Alessandro estaría involucrado como denunciante o imputado. El oficialismo aprobó esta solicitud.
En un giro de los acontecimientos, el Frente de Todos también pidió información a la Corte Suprema sobre la existencia de causas judiciales en las que Robles esté involucrado.
Cabe recordar que existe, al menos por parte del oficialismo, la hipótesis de que el fallo sobre la coparticipación que benefició a la Ciudad fue producto de una colaboración entre funcionarios porteños y la Corte Suprema. Este fallo se convirtió en el detonante de un juicio político impulsado por el presidente Alberto Fernández, respaldado por varios gobernadores y presentado a través de un proyecto por el diputado Eduardo Valdés. El proceso comenzó en febrero de este año y el Frente de Todos en la comisión aprobó la admisibilidad de 14 pedidos en total.
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