La Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) pidió a la Justicia Federal que se frene la exploración y explotación hidrocarburífera offshore en la Cuenca Austral del país. Sin embargo, la Justicia no hizo lugar al pedido y rechazó la medida cautelar argumentando que "no hay evidencias suficientes para darle curso a la medida solicitada" y porque "si prosperara, se frenaría la producción”. FARN avisó que apelará y la Cámara del fuero decidirá si confirma o no la decisión de la jueza.

Está previsto que en octubre comiencen las primeras perforaciones en el área marítima CAN 100 a 315 kilómetros de la costa de Mar del Plata. En su visita por la 14 edición de la Argentina Oil & Gas Expo 2023, evento que reúne a todo el sector de hidrocarburos, Flavia Royon reconoció tener “muchas expectativas en el proyecto Argerich y el próximo mes se comenzará con la primera etapa de perforación”.

Sin embargo, en la sentencia firmada por el titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 8, se argumentó para rechazar el pedido, que  “de hacerse lugar a la medida, no sólo se paralizarían todas las campañas sísmicas en curso, las que eventualmente podrían dejarse sin efecto definitivamente, sino que se frenaría la producción de petróleo y gas natural en la Cuenca Austral de nuestro país".
Para el Poder Judicial, no se alcanzó “a demostrar la verosimilitud del derecho que invoca (...), al menos con el grado de evidencia que se requiere para suspender los efectos de un acto administrativo" por lo que se tomó en consideración “el perjuicio económico que se ocasionaría al país de hacer lugar a la medida solicitada”.
s que, para la justicia, “las inversiones comprometidas por las empresas y las actividades de exploración y explotación ya encaradas sufrirían un perjuicio imposible de revertir, poniendo en inminente peligro la continuidad de los desarrollos offshore para el futuro de la República”.
Se argumentó también que esa producción "se destina al abastecimiento del consumo interno (residencial e industrial), y los proyectos que se encuentran actualmente en una etapa de construcción para compensar el declino de la producción de gas y de esta manera abastecer la demanda interna de una energía fundamental como es el gas natural”.
Lo que generaría que el país deba “recurrir de emergencia a la importación de gas natural licuado” y, por ende, un “impacto negativo en la balanza comercial”, detalla la sentencia firmada.
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