La Cámara Nacional Electoral (CNE) emitió una sentencia en la que enfatizó la necesidad de que el Congreso de la Nación revise la regulación legal del sistema de votación, para modificar, al menos, el mecanismo de asignación de fondos públicos para la impresión de las boletas de las listas de precandidatos que participan en las elecciones primarias abiertas simultáneas y obligatorias (PASO).
El máximo tribunal electoral argentino señaló que el régimen vigente impone que el Estado Nacional cubra el monto de impresión de las boletas de todas las listas de precandidatos, sin ponderación alguna sobre su representatividad. Esta interpretación, sostuvo la CNE, conduce a resultados irrazonables, como que un partido recibió fondos públicos para imprimir 15.325.440 boletas para la categoría de diputados nacionales, mientras que fueron efectivamente necesarias menos de 10.000 de esas boletas, para votar a sus listas internas.
La sentencia, firmada por los jueces Alberto Dalla Via, Santiago Corcuera y Daniel Bejas, puso de relieve que además del incremento exponencial de listas en los últimos años, no pueden descartarse situaciones de abuso del derecho o, lisa y llanamente, casos de malversación de fondos. En ese sentido, recordó una serie de medidas adoptadas por la Cámara para verificar la actividad de las imprentas que aparecen contratadas por las agrupaciones políticas y menciona la existencia de actuaciones penales por la posible comisión de delitos de acción pública.
Con base en esas consideraciones, la CNE resolvió dirigirse al Congreso de la Nación "a fin de que, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales, disponga lo conducente para revisar y armonizar la regulación vigente en la materia, a la mayor brevedad posible". Del mismo modo, hizo saber lo resuelto a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
La sentencia de la CNE pone en el paño nuevamente el problema que muchos sectores señalan y sobre las elecciones argentinas. El alto costo de las boletas, que en las últimas elecciones PASO se estimó en unos 12.000 millones de pesos, representó, según el Poder Judicial, una carga importante para el Estado Nacional. La revisión de la regulación vigente es una tarea compleja, que deberá tener en cuenta los derechos de las agrupaciones políticas a participar en las elecciones y a contar con los recursos necesarios para hacerlo.
Esta medida deberá ser analizada por estar compuesto el alto costo de la impresión para un uso, en la mayoría de los casos, mínimo de las boletas.
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