La relación de más de treinta años entre la Asociación de Concesionarios de la República Argentina (ACARA), su megacaja y el Ministerio de Justicia está en el ojo del Gobierno. Sostienen que plantean terminarla y que los fondos pasen a formar parte del presupuesto nacional.
ACARA maneja la compraventa de vehículos y otros trámites que se realizan en los registros del automotor de la Argentina y, según se advirtió, tiene contratada a más de la mitad de los empleados que trabajan en el Ministerio de Justicia, serían unos 2.483.
"No se puede hacer de un día para otro, porque es un sistema complejo y oscuro que funcionó durante casi 40 años, desde la época de (Raúl) Alfonsín, y que está diseñado para que ningún ministro (de Justicia) quiera y pueda desmontarlo, porque implica quedarse sin personal; pero la idea es cambiarlo y (Mariano) Cúneo Libarona está trabajando en un plan con Milei. La fecha es 2025", reveló el diario Clarín.
Según el medio, el ministro de Justicia se reunió con Sebastián Beato, titular de ACARA y le pidió bajar del 5% al 3,5% el total de lo que recauda por administrar. Asimismo, se aseguró que se realizará un recorte de los contratos del Ministerio a través de la asociación.
"Hay gente que ellos nos dicen que tenemos contratada y que nosotros no sabemos qué hacen", sostuvieron desde el Ministerio de Justicia al periodista Ignacio Ortelli.
El ente podría enfrentar una auditoría técnica por los gastos que se realizan y el Gobierno podría derogar por decreto las leyes 23.283 y 24.312, las cuales le permiten operar en provincias y municipios con convenios similares.
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