La Justicia allanó centros médicos, escribanías y estudios jurídicos en CABA, provincia de Buenos Aires y en Santa Fe en medio de una investigación por la entrega a ciudadanos extranjeros de bebes argentinos mediante subrogación de vientres de mujeres en estado de vulnerabilidad.
Los procedimientos fueron solicitados por la fiscal federal Alejandra Mángano y ordenados por la jueza federal María Eugenia Capuchetti.
En ellos se secuestró documentación y actas notariales que darían prueba del accionar de la organización.
"Se investiga la puesta en marcha de un negocio ilícito de características trasnacionales dedicado a la explotación del cuerpo de mujeres gestantes -a través de lo que se denomina “subrogación de vientres”- y la posterior comercialización de los niños/as que nacen a partir de ese método", indicaron desde la PROTEX.
Todo surgió a raíz de una alerta enviada desde Alemania a la Cancillería argentina luego de que una mujer de 58 años y de esa nacionalidad llegará al país con un bebé recién nacido de nacionalidad argentina en muy mal estado de salud.
Hasta el momento no hay detenidos, pero la Justicia apunta a personas y empresas con sede en el extranjero que trabajan en la Argentina y que hacían publicidad para ofrecer el servicio.
Según indicaron fuentes judiciales, el denominado "Programa Argentina" costaba unos 50.000 dólares y ofrecía "la selección de la persona gestante, la adquisición los embriones a implantar, el tratamiento en sí mismo, los controles regulares del embarazo y el posterior parto".
"La compra venta de seres humanos constituye un delito constitucional inserto en su artículo 15 donde los constituyentes previeron expresamente que todo contrato de compra venta de personas es un crimen del que serán responsables los que lo celebrasen, y el escribano o funcionario que lo autorice", indicaron.
De los 147 legajos de casos de gestación por sustitución entre 2018 y abril de este año "se advirtió que al menos en 49 de ellos los comitentes presentan características comunes a las del caso que desencadenó el inicio de la investigación: se trata de personas extranjeras de distintas nacionalidades".
"En ninguno de estos intervinieron jueces civiles para autorizar el procedimiento ni tampoco para establecer la filiación sino exclusivamente escribanos o notarios que recabaron supuestos consentimientos contractuales en base a afirmaciones que se pudo establecer que son en todo o en parte falsas", añadieron.
Comentarios recientes