Este jueves, la Cámara Federal confirmó el procesamiento del ex ministro de Salud, Ginés González García, y otros ex funcionarios en la causa conocida como “Vacunatorio Vip”, en la cual se habría beneficiado a allegados con dosis durante la pandemia por COVID-19.
Según indicó el fallo, también se ordenó a la jueza María Eugenia Capuchetti -a cargo de la causa- que indague sobre quienes fueron inmunizados de manera "privilegiada".
Entre algunos se encuentran ex Procurador del Tesoro Carlos Zannini, el diputado Eduardo Valdés, el ex ministro Jorge Taiana, el ex gobernador bonaerense Eduardo Duhalde y su familia y el periodista Horacio Verbitsky.
La orden fue firmada por los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens.
Además de Ginés, fueron procesados Alejandro Salvador Costa, subsecretario de estrategias sanitarias de la Secretaría de Salud del Ministerio de Salud de la Nación; Marcelo Ariel Guille, secretario privado de González García; y Alberto Alejandro Maceira, director nacional ejecutivo del Hospital Posadas.
Por su parte, María Elena Borda, jefa de medicina preventiva del Hospital Posadas, fue desprocesada.
EL FALLO
“Reservada para unos pocos, según criterios de utilidad y necesidad, la vacuna fue puesta al alcance de un grupo selecto que, por parentesco o por amistad, burló los esquemas impuestos a toda la generalidad", señalaron.
Y agregaron: "Los imputados redireccionaron la voluntad estatal hacia un fin privado, nominalizando el espacio en el que debía regir un anonimato solo guiado por la necesidad de proteger a los más vulnerables. La amistad o la familia imperó por sobre quienes más necesitaban la protección frente a una de las mayores pandemias sufridas por la humanidad en los últimos años. De ahí, su responsabilidad penal".
"Pese a que se han invocado distintos porcentajes para demostrar que se había superado ya el primer estrato de prelación para avanzar en la vacunación de los demás ciudadanos, lo cierto es que el procedimiento, a la época de los hechos, seguía siendo riguroso. No sólo aún existía un orden jerarquizado que seguir, sino que además debía observarse un estricto protocolo para acceder a la cobertura. No cualquiera, ni en cualquier momento, podía vacunarse", continuaron.
“Ciertos segmentos de la población debían aguardar su llamado, y quienes sí podían hacerlo no la recibían a su discreción, sino previo turno de rigor en el cual se habilitaban centros y horarios disponibles. En ese marco, el que unos pocos hayan recibido el tratamiento exclusivo que obtuvieron -según el relato de hechos- cristaliza una inadmisible torsión de la senda que la ley imponía. Aun cuando por edad hubiesen tenido derecho a la vacunación a ese tiempo, la desviación de recursos humanos y materiales para ser vacunados en la comodidad de su hogar, o en un vacunatorio instalado para la ocasión, es la más clara demostración de que lo actuado no estuvo amparado por la legalidad", sentenciaron.
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