El Gobierno publicó en el Boletín Oficial, mediante el Decreto 942/2024, modificaciones en la Ley N°26.165 sobre las condiciones para ser reconocido refugiado en la Argentina.
La medida se toma en medio del pedido de la administración de Lula Da Silva para que sean extraditados 63 bolsonaristas que están imputados por atentados en 2023 a los tres poderes y prófugos en Buenos Aires.
El texto fue firmado por Javier Milei y la plana mayor del Gobierno, incluido el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Liberona.
En el texto se establece que no será “reconocida la condición de refugiado a las personas extranjeras que se encuentren en alguna de las siguientes situaciones: relacionadas con delitos internacionales, cuando existan motivos fundados para considerar que han cometido un delito contra la paz, un delito de guerra o un delito contra la humanidad”.
Además, se detalla que no se reconocerá “la condición de refugiado a quienes hayan cometido graves delitos comunes fuera del país de refugio antes de ser admitidos como refugiados en Argentina”.
Tampoco a quienes cometan delitos graves con penas mayores a 10 años; que afecten a la vida, la libertad, la integridad física o sexual de las personas; que afecten al patrimonio; o que sean realizados en el marco de la delincuencia organizada.
El Gobierno citó el artículo 20 de la Constitución Nacional, el cual otorga a los extranjeros los mismos derechos civiles que a los ciudadanos argentinos, entre los que se encuentran ejercer libremente la industria, el comercio y su profesión.
Pero indicó que la Ley de Migraciones N° 25.871 regula los motivos por lo cuales se puede impedir el ingreso y permanencia de extranjeros en el país.
En ese sentido, señalaron que por graves razones de seguridad nacional o de orden público “pueden justificar la expulsión de personas reconocidas como refugiadas” al tiempo que la expulsión debe garantizarse hacia un tercer país que proteja al solicitante contra la devolución, expulsión o extradición.
Según detallaron, la Comisión Nacional para los Refugiados (CONARE) recibe un “número significativo” de solicitudes de refugio “por motivos que no guardan ninguna relación con la definición de refugiado contenida en la ley”, lo que “obstruye y dilata los trámites de aquellas personas que efectivamente requieren de la tutela y reconocimiento del Estado argentino”.
Y afirmaron: “Es por ello que se torna urgente la implementación de un sistema legal de reconocimiento y protección al refugiado que responda con efectividad a las circunstancias sobrevinientes, garantizando así la protección de los solicitantes y de los refugiados y la seguridad nacional”,
Con estas medidas indicaron que se busca prevenir “la infiltración de personas que podrían utilizar el instituto del refugio para realizar actividades ilícitas en detrimento de la sociedad argentina” o “para eludir la Justicia”.
Comentarios recientes