Este martes, el vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció que el Gobierno impulsará modificaciones en el Régimen Migratorio.

Entre las medidas señaladas por el funcionario se encuentran la ampliación de la lista de delitos que implican la expulsión de extranjeros así como también el cobro de la educación pública y la salud.

“Vamos a impulsar una serie de modificaciones al Régimen Migratorio con la finalidad de avanzar hacia un país ordenado, que cuide sus fronteras y a los ciudadanos”, indicó.

Y detalló: “En primer lugar, se va a disponer que las universidades nacionales puedan cobrar aranceles a estudiantes extranjeros no residentes. Esto va a ser una fuente de ingresos para las casas de altos estudios, que las va a permitir financiarse. Hoy uno de cada tres estudiantes de medicina es extranjero”.

Y agregó: “En segundo lugar, vamos a disponer el fin de la gratuidad de la atención médica para extranjeros. Los organismos determinarán las condiciones para el acceso al sistema. Desde que se tomó una medida similar en Salta, bajó al 95% la atención extranjera y se generó un ahorro de 60 millones de pesos. Esto no solo implica ahorro fiscal si no también una mejor atención para nuestros ciudadanos. Nos despedimos de los famosos tours sanitarios tan conocidos acá”.

Respecto de los procesos judiciales, señaló: : “Vamos también a incorporar más delitos como causas para impedir el ingreso o justificar la expulsión de extranjeros del país. Si se lo atrapa cometiendo un delito o violentando el sistema democrático, será expulsado y se le prohibirá su ingreso al país. Se van a quedar del otro lado de la frontera quienes intenten entrar con documentación apócrifa o que se sospeche que el motivo de su ingreso es diferente al que manifiestan cuando hacen el trámite migratorio”.

Y continuó: “En los albores de la historia argentina, el país ha recibido gente honrada y dispuesta a hacer grande a una nación. Luego la doctrina garantista en términos migratorios ha hecho un desastre. El hecho es que, de ahora en adelante, los malandras, okupas y oportunistas deben quedarse en sus casas del otro lado de la frontera y no venir a la Argentina a hacer daños a los ciudadanos que residen en territorio nacional”.