La jueza Sandra Arroyo Salgado, que lleva adelante una causa en la que el exsenador Edgardo Kueider está investigado por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, rechazó el pedido de eximición de prisión.
Según la Justicia, la decisión que también afecta a su secretaria Iara Guinsel Costa, se basó en “la sospecha razonable de que el imputado podrá obstaculizar la investigación en caso de recuperar su libertad”.
Tanto Kueider como Guinsel Costa están detenidos en Paraguay luego de que se le encontraran más de US$200.000 sin declarar.
El pedido de detención solicitado por Arroyo Salgado tiene como objetivo que sea indagado en la Argentina y que se someta a derecho, ante el riesgo de una posible fuga en caso de que quede en libre en el país limítrofe.
Su abogado, Juan Martín Cerolini, había indicado que ambos “se encuentran a derecho en esta causa, pues han propuesto abogado defensor, se sabe fehacientemente donde se encuentran, y, siendo que la investigación comenzó antes de la detención en Paraguay sin media restrictiva alguna, jamás han eludido el accionar judicial ni lo han controvertido”.
Por su parte, la jueza remarcó que “si bien se tiene en cuenta que poseería domicilio fijo en Argentina, se observa que la valoración objetiva y provisional de las características particulares del hecho en trato hacen presumir fundadamente que en caso de recuperar la libertad en la República del Paraguay, intentará eludir el accionar de la justicia o entorpecer la investigación”.
“El encarcelamiento durante el proceso penal -como toda otra medida coercitiva de carácter procesal- sólo procede para asegurar sus propios fines, esto es, la averiguación de la verdad y la actuación de la ley penal”, agregó.
Según la magistrada, Kueider está imputado de “conformar una asociación o banda destinada a concretar, con habitualidad, diversas operaciones económicas y financieras que configurarían el delito de lavado de activos doblemente agravado, a través de la colocación en el sistema financiero local e internacional y ecosistema de activos virtuales, así como también en la adquisición de bienes inmuebles y muebles, durante el período comprendido, en principio, desde inicios de 2017 y hasta el presente, con la finalidad de otorgarle apariencia de origen lícito a dinero proveniente de un ilícito penal”.
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