Hay ausencias que parecen ser inexplicables. Una joven camina desde la universidad hacia su casa y nunca llega. Una madre se despide de su hijo antes de salir al trabajo, pero jamás vuelve. Una adolescente desaparece en pleno día sin que nadie vea nada. En Argentina, las mujeres siguen desapareciendo sin dejar señales, y detrás de cada ausencia abundan las preguntas y escasean las respuestas: ¿dónde están? ¿las mataron? ¿se perdieron? ¿tuvieron un accidente? ¿las secuestraron? ¿se fueron engañadas?
Detrás de cada desaparición hay una historia rota, una familia que busca sin respuestas y un Estado que, en muchos casos, llega tarde o simplemente no llega. Las mujeres siguen desapareciendo como si fueran invisibles y las autoridades actúan como si sus vidas fueran prescindibles.
Daiana Garnica tenía 17 años en 2017, cuando un vecino le pidió que lo acompañe a hacer unas compras. En 2008, Sofía Herrera tenía 3 años cuando desapareció en un camping al que había ido con su familia. Milagros Avellaneda tenía 26 años cuando desapareció junto a su hijo Benicio, en 2016. En 2005, Florencia Pennacchi tenía 24 años cuando salió de su departamento. Al día de hoy, sus familias no tienen noticias de sus paraderos. Cuando se cumplieron diez años de su desaparición, la mamá de Florencia, Nidia Aguilera, dijo en un programa de televisión “no sabemos qué universo están transitando. No sabemos si están vivas o están muertas. No sabemos qué son”.
Daiana Garnica, desaparecida en 2017 a los 17 años.
“Desaparecer es peor que morir”, asegura Héctor, hijo de Irene Tevez, quien desapareció a fines de 2018, poco antes de cumplir 76 años. Creen que salió a hacer una compra y se desorientó. Su familia la sigue buscando viva pero sostienen que la incertidumbre de no saber si come y duerme bajo un techo les provoca mayor dolor que el que sentirían con la certeza de su muerte.
La desaparición de tantas mujeres responde a múltiples factores, pero el mayor obstáculo para encontrarlas es la falta de coordinación entre las autoridades. Funcionarios y especialistas admiten que las investigaciones suelen ser deficientes y que avanzan con lentitud. Aún hoy, algunas comisarías se resisten a tomar denuncias de inmediato. Todavía subsisten estereotipos de género que empapan la búsqueda y la investigación de prejuicios. Incluso el Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas (SIFEBU) -organismo encargado de coordinar las búsquedas y llevar un registro nacional de desapariciones y hallazgos- desconoce cuántas mujeres faltan en sus hogares. No existen cifras oficiales que sean certeras.
Sofía Herrera, desaparecida en 2008 a los 3 años.
Ante estas deficiencias del sistema, las familias de las mujeres desaparecidas terminan poniéndose al hombro la búsqueda. Ellos tienen la certeza de que la investigación depende demasiado de ellos mismos, por eso es frecuente que recurran a organizaciones para que difundan la búsqueda, como Missing Children, Personas Desaparecidas o la Colectiva de Intervención ante las Violencias (CIAV).
Sin acción del Estado, las familias se ven en la tarea de buscar por cuenta propia a sus seres queridos. Por ejemplo, los padres de Ramona vendieron un auto y todo lo que tenían de valor para buscar a su hija. En Posadas, Claudia acampó días frente a un prostíbulo, con la esperanza de encontrar a Aída, su madre. Pablo, el papá de Candela, recorrió burdeles en Corrientes y vendió todo lo que tenía para reencontrarse con su hija. Más aún, hay familias que dejaron la vida en esa tarea, como la abuela de Brisa Pereyra que murió en un accidente rumbo a Puerto Madryn, a donde iba a difundir la búsqueda de su nieta. O Federico, que falleció en un choque en una ruta de La Pampa. Su auto estaba lleno de folletos con la cara de su hija, María Cash.
En este contexto, resulta urgente recoger la problemática de la desaparición de personas y transformar el sistema de búsqueda e investigación para garantizar una respuesta eficaz del Estado frente a la sociedad. El derecho a la identidad es la articulación del derecho a la libertad; al respeto a la integridad física, psíquica y moral; a la seguridad personal; a tener un nombre; a la protección de la familia y al derecho a la verdad, intrínsecamente vinculado con la dignidad de la persona, por eso, el derecho a la identidad debe ser protegido como el derecho humano fundamental que es.
María Cash, desaparecida en 2011 a los 29 años.
Si bien a lo largo de los años se elaboraron documentos, guías, instructivos y protocolos desde el Poder Ejecutivo, la realidad muestra que los esfuerzos son insuficientes y que es necesaria una reforma estructural del sistema de búsqueda e investigación, que realmente brinde respuestas y soluciones innovadoras. Esta problemática requiere de la implementación de una política pública estable, con proyección a largo plazo, que fortalezca las capacidades estatales e incorpore nuevas herramientas, para lograr mejores resultados en materia de búsqueda de personas desaparecidas y de identificación de personas con identidad desconocida.
Actualmente, en la Cámara de Diputados de la Nación, se encuentra con estado parlamentario un proyecto de Ley de Búsqueda de Personas Desaparecidas, presentado por el diputado nacional Carlos Cisneros (UxP). El mismo plantea la creación de una Base Nacional de Datos Genéticos, destinada únicamente a la identificación de personas con identidad desconocida y a la búsqueda de personas desaparecidas; y la creación legal del Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas (SIFEBU) pero robustecido por un Registro Nacional de Personas Desaparecidas y Personas con Identidad Desconocida y por un Consejo Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas. En los fundamentos explica que de concretarse la creación de estos órganos, se prevé “la articulación constante y eficaz con el fin de poder constatar coincidencias entre sus registros”.
Florencia Pennacchi, desaparecida en 2005 a los 24 años.
Además, particularmente plantea un avance en cuanto a la búsqueda de mujeres desaparecidas. El proyecto establece como principio rector que toda búsqueda debe iniciarse de forma inmediata y sin dilaciones; que tanto ésta como la investigación deben realizarse con perspectiva de género, evitando prejuicios y considerando factores de riesgo previos a la desaparición en los que podría haber estado involucrada la persona; y establece que una de las funciones del SIFEBU será promover la formación y la capacitación permanente de los agentes en materia de búsqueda de personas, la cual debe ser dictada con perspectiva de género y de derechos humanos.
En cada desaparición de una mujer se enciende una alarma que no tiene respuesta, un eco de dolor y desesperación que resuena en las familias y en la sociedad. Las vidas de quienes se pierden de un día para otro son más que ausencias: son historias truncas, son derechos vulnerados, son seres humanos invisibilizados por la indiferencia del sistema. El sufrimiento de quienes buscan incansablemente a sus seres queridos se multiplica ante la falta de respuestas, mientras la impunidad se convierte en un enemigo más en el largo y doloroso camino hacia la justicia.
Milagros Avellaneda, desaparecida en 2016 junto a su hijo Benito a los 26 años.
Hoy más que nunca, la necesidad de una reforma estructural en el sistema de búsqueda e investigación se hace urgente. La creación de un marco legal robusto que garantice la acción inmediata, la inclusión de perspectiva de género y derechos humanos, y la coordinación eficiente entre las instituciones, son pasos fundamentales para poner fin a la invisibilidad de las mujeres desaparecidas en Argentina.
El derecho a la identidad, la libertad y la seguridad personal no puede seguir siendo una promesa vacía. Es hora de que el Estado actúe con la misma urgencia que requieren las familias de las víctimas, para que, al fin, las preguntas que siguen sin respuesta encuentren la justicia que merecen.
*La autora: Abogada (Universidad Nacional de Tucumán). Maestría en Derecho Constitucional y Derechos Humanos (Universidad de Palermo). Especialización en Igualdad y Violencia de Género (Universidad de Salamanca).
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