La jueza Karina Andrade, que fue duramente cuestionada y denunciada por el Gobierno tras ordenar liberar a 114 de los detenidos en la marcha de los jubilados, respondió y aseguró que "nuestra Constitución habla del derecho a la protesta, debe garantizarse".
Al igual que lo remarcó en su orden judicial, indicó que el no se le envió ni siquiera “la información básica de la detención de esta gente”.
"Hice esta priorización de derechos, eso remarqué y fue mi decisión. Acá hay algo que se debe garantizar a los adultos mayores, la libertad de expresión, un derecho constitucional. Ese era el contexto. Tenía el ejercicio de un derecho constitucional, no me fue traído un contexto delictivo. Y se empiezan a generar detenciones que no me son comunicadas y pasaron horas. Además, cuando se informó no teníamos ni los datos del lugar. A mí no me informaron armas, yo lo resalté”, añadió en diálogo con Radio Urbana Play.
Andrade detalló que la fiscalía tendrá a cargo la investigación sobre cada una de las personas que fueron detenidas y que podrá pedir su nuevamente la detención en caso de que así lo consideren en base a las pruebas.
Sobre su decisión, agregó: "Mi argumento fue estrictamente jurídico, apegado a la Constitución. Se tiene que entender que es una obligación para los jueces de turno tomar decisiones, que resolvemos con los elementos que tenemos en el momento, que debemos resolver y que podemos y debemos diferenciar la necesidad de una respuesta rápida conforme a la Constitución, de la expectativa lícita y que tiene el Estado de investigar la comisión de hechos delictivos".
Y continuó: “Tienen que cumplir los requisitos mínimos de información al juez y, otra cosa, fue que tenía un pedido de la defensa, no es que lo hice de oficio, más allá de que yo venía viendo una gran diferencia entre los detenidos que se anunciaban públicamente y los que a mí me estaban informando. Hay una obligación básica de informarle al juez de la causa la detención y tardaron horas. No con los primeros, pero después se comunicaron como 80 personas juntas, 60, no me acuerdo el número”.
En cuanto a las críticas del Gobierno, entre los que incluso el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, adelantó que pedirá una investigación contra ella en el Consejo de la Magistratura de la Capital Federal, sostuvo: "Está mi audiencia pública, expresé toda mi trayectoria, de dónde vengo. Soy una persona técnica, más allá de los lugares que pude ocupar por estar dentro del Poder Judicial. Cuando se dicen esas cosas se desprestigia al Consejo de la Magistratura, que nombra jueces y juezas. Creo que es una forma de manifestar una disconformidad".
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