Luego de la represión en el Congreso, el Gobierno presentó una denuncia contra la jueza Karina Andrade por liberar a los detenidos durante la marcha por los jubilados.
El Gobierno la acusó de los delitos de presunto prevaricato, omisión de los deberes de funcionario público y encubrimiento.
Señalaron que “al evaluar que los delitos denunciados abarcaban la comisión de los delitos de Daño, Resistencia a la Autoridad y Lesiones, investigados en la Justicia de la Ciudad”, y apuntaron que “la Justicia Federal debería avocarse a la actuación en curso ante esa Magistratura Local, disponiendo la declaración de incompetencia por el sistema de inhibitoria procesal”.
“Los hechos allí investigados son un conjunto de acciones directamente relacionadas con los tipos de Sedición, Atentado al Orden Constitucional y la Vida Democrática y Asociación Ilícita Agravada”, alertaron.
La presentación la realizó este lunes el Ministerio de Seguridad a cargo de Patricia Bullrich y también señaló a las hinchadas que asistieron.
En ella se menciona se menciona la presencia de “grupos organizados de ‘barras bravas’ de diferentes parcialidades deportivas como Chacarita, Boca, River, Independiente, Racing, Estudiantes, Gimnasia y Esgrima La Plata, Argentinos Juniors, Tigre, Lanús, Ferro Carril Oeste, All Boys, Atlanta, Temperley, Almirante Brown, Excursionistas, Deportivo Morón, Quilmes, Nueva Chicago, Los Andes, entre otros clubes”.
Durante la jornada del viernes también apuntó contra contra los intendentes de La Matanza, Fernando Espinoza, y de Lomas de Zamora, Federico Otermín; al tiempo que menciona a Leandro Capriotti como "un 'amigo y protegido' del histórico dirigente sindical Luis Barrionuevo".
"La organización de la movilización, destinada -según lo informado por diversos medios periodísticos- a “provocar disturbios” enfrentando a la policía y generar “represión”, implicaría la participación de los intentedentes de La Matanza y de Lomas de Zamora, debido a que -como dijimos- en sus municipios se concentraron una parte de los manifestantes que concurrieron a la Plaza de los Dos Congresos y tenemos elementos de juicio que permiten sostener que han financiado la movilización", indicaron en la presentación.
Por su parte, Andrade y diferentes organismos de Derechos Humanos defienden la decisión judicial que se tomó por haberse violado derechos constitucionales fundamentales al tiempo que se remarca que las fuerzas de seguridad presentaron información deficitaria respecto de las detenciones.
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