Luego de que el diputado Facundo Manes denunciara al asesor presidencial, Santiago Caputo, por supuestas amenazas coactivas durante la apertura de las sesiones ordinarias en el Congreso de la Nación, la Justicia finalmente archivó la causa.
La media fue dispuesta por la jueza federal María Eugenia Capuchetti, que señaló que se trató de "una disputa política cuya real naturaleza excede el ámbito punitivo pretendido".
Por su parte, el fiscal federal Ramiro González, había pedido impulsar la investigación con medidas de prueba.
Sin embargo, la magistrada indicó: "En todo caso, cualquier inconveniente relacionado con el orden o el comportamiento en el interior del Honorable Congreso de la Nación debe abordarse conforme a los mecanismos administrativos establecidos por sus reglamentos internos, sin que ello implique directamente la intervención del ámbito penal".
"Las discusiones en el interior del Congreso, aunque puedan ser intensas o contener momentos de confrontación verbal, deben ser comprendidas dentro de los márgenes de lo que se considera un intercambio político legítimo", agregó.
Y remarcó que "si bien ciertas expresiones de tono elevado pueden resultar inadecuadas o incluso reprobables desde una óptica ética, no puede olvidarse que tales conductas se desarrollan dentro de un ámbito en el que la confrontación de ideas es no solo aceptada, sino también estimulada por el diseño institucional del sistema democrático".
En ese sentido, sostuvo: "Debe aclararse que la indignación personal sobre la manera en que se desarrollan ciertos acontecimientos, particularmente aquellos que se exhiben en las instituciones públicas de gobierno, con publicidad y de cara a la opinión general, no implica necesaria y automáticamente que deba intervenir el derecho penal".
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