A pocos días de la próxima marcha de jubilados prevista para este miércoles, el juez Roberto Andrés Gallardo ordenó al Gobierno porteño hacerse cargo del operativo y limitó a las fuerzas federales.
La medida dispuesta por el magistrado se da luego de un pedido de la CGT, la UTEP y la UEJN en el que indicaron que las fuerzas que conduce la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, actuaron “de forma ilegal, frente al ejercicio del derecho constitucional de protesta” en las manifestaciones anteriores.
Según indicaron, se produjeron hechos de represión por parte de las fuerzas federales “sin contar con una autorización para ello” y que se produjeron fuera de los límites del Congreso, por lo que excedieron el rol de custodia.
De esta manera, Gallardo indicó que la Ciudad de Buenos Aires “en el contexto de la movilización masiva convocada para el miércoles en las inmediaciones del Congreso, despliegue, organice, planifique y ejecute -todo de manera autónoma- el operativo de seguridad, que simultáneamente garantice el orden público y el pleno ejercicio de los derechos constitucionales de quienes asistan”.
Por otro lado señaló al Ministerio de Seguridad que “se abstenga de intervenir e interferir en la autonomía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en lo que a seguridad pública respecta, más allá de los límites legales de protección de intereses federales”.
“El riesgo invocado –lesión a la integridad física, a la libertad de expresión y al derecho de reunión, sopesado en la opresión de la autonomía de la CABA- no es meramente conjetural ni hipotético, sino que encuentra sustento en hechos pasados verificables y, posiblemente, futuros”, detalló.
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