La Cámara Federal de Comodoro Py ordenó que se siga investigando por qué el gobierno del expresidente Alberto Fernández y la expresidenta Cristina Kirchner demoró la compra de la vacuna Pfizer durante la pandemia de COVID-19.

El juez Ariel Lijo, al frente de la causa, había desestimado las denuncias a fines de 2024.

La decisión estuvo a cargo de la Sala I de la Cámara integrada por Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens.

Los magistrados sostuvieron que "aún existen incógnitas sobre las negociaciones llevadas a cabo entre el Estado Argentino y los representantes de la firma Pfizer, las cuales no han sido plenamente analizadas en el curso de la investigación, sobre todo frente al ritmo que marcaron los acercamientos con otros laboratorios".

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Las denuncias fueron realizadas por un grupo de diputados opositores que cuestionaron al Gobierno por no comprarla en su momento y otra presentación de familiares de cuatro personas que fallecieron por COVID-19

Lijo, en su momento, había señalado que "si bien no había un ‘debido tiempo’ para contar con determinada cantidad de dosis de las vacunas -lo que a su vez conforma una ausencia de plataforma fáctica temporal ante un eventual reproche penal-, lo cierto es que se evidencia y hasta es reconocido por la propia empresa Pfizer, el esfuerzo, interés y voluntad política que desde el Gobierno Nacional emanaba desde un inicio para la adquisición en tiempo y forma de las vacunas que por entonces comenzaban a desarrollar".

Y añadió: “Tampoco constituye maniobra ilícita alguna negociar y gestionar con otros laboratorios a la par que determinadas negociaciones –como por ejemplo con Pfizer- no resultaban fructíferas en los primeros meses de negociación. La decisión de celebrar contratos para la compra venta de vacunas con distintos laboratorios es, en sí misma, una decisión política que fue tomada por el gobierno en el marco de sus facultades, obligaciones y funciones”.

Fue el fiscal federal Carlos Stornelli quien apeló: “Es notoria la diferencia verificada en cuanto a los tiempos de tramitación de los distintos procedimientos de compra de vacunas, comparativamente hablando, en el que el concerniente a Pfizer evidencia un innegable aletargamiento, al amparo de la opacidad y falta de oportuno registro en el sistema informático respectivo”