La decisión del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, de implementar el nuevo sistema acusatorio a partir del próximo 11 de agosto, desató un conflicto con los fiscales federales de Comodoro Py que señalan que la falta de recursos humanos, técnicos y económicos, hacen imposible que se aplique en la fecha prevista.
De hecho, los funcionarios judiciales le enviaron una nota al Procurador General de la Nación, Eduardo Casal, indicando que “hoy no están dadas las condiciones edilicias, humanas, tecnológicas, para que comience a funcionar en agosto el nuevo modelo”.
“Es imprescindible recalcar que la gravedad de la situación presupuestaria y de infraestructura del organismo no constituye una simple dificultad transitoria, sino que perjudica seriamente la eficacia de la reforma procesal en su conjunto”, explicaron los fiscales en su misiva hacia el Procurador.
Por su parte, desde el Gobierno indicaron que no hay ninguna posibilidad de postergar el inicio de la implementación del nuevo sistema acusatorio, que implica que las investigaciones penales estarán a cargo de los fiscales y que los jueces pasarán a actuar en un rol de garantes de ese proceso.
El segundo punto más importante que modifica el nuevo Código Procesal Penal Federal, que se aprobó en el Congreso en 2014, pero nunca se implementó, es que todo se resolverá en audiencias públicas y con plazos máximos de duración de tres años, o seis para las causas más complejas, para que los expedientes no duren décadas como ocurre actualmente.
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