El Gobierno de Javier Milei autorizó el traslado de 18 exmilitares condenados por delitos de lesa humanidad, a una cárcel exclusiva en Campo de Mayo. Entre los represores que fueron beneficiados por la media oficial, se encuentran Carlos Suárez Mason y Alfredo Astiz.

Durante la mañana del viernes 9 de mayo, los condenados por violación de los derechos humanos, fueron extraídos del penal de Ezeiza, en medio de un fuerte operativo de seguridad, para ser alojados en una unidad penitenciaria de Campo de Mayo, que había sido construida en 2007 para alojar a los jerarcas de la última dictadura cívico-militar argentina.

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La decisión tuvo un fuerte impacto en el ámbito de las organizaciones de derechos humanos, ya que se trata de un beneficio para aquellos que purgan condenas por delitos tan graves como la tortura, desaparición y asesinato de miles de personas durante la dictadura militar de los años 1976 a 1983.

Según indica el listado de trasladados por el Servicio Penitenciario Federal, que está cargo de Julián Curi, un funcionario cercano a la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, se trata de los exmilitares: Carlos Suárez Mason, Alfredo Astiz, Raúl Guglielminetti, Ricardo Miguel Cavallo, Adolfo Miguel Donda, Antonio Pernías, Jorge Rádice, Mario Marcote, Gerardo Arraez, Julio César Argüello, Juan Carlos Avena, Miguel Ángel Britos, Marcelo Cinto Courteax, Rodolfo Cionchi, Manuel Cordero Piacentini, Luis Donocik, Alberto González, Lucio Nast y Luis Navarro.