En el marco de la implementación del nuevo sistema acusatorio por parte del gobierno de Javier Milei, La Cámara Federal de Casación Penal implementó un nuevo esquema organizativo en la Justicia Federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), para facilitar la puesta en funcionamiento del Código Procesal Penal Federal.
La aplicación del nuevo método está prevista para el 11 de agosto próximo, por lo que Casación creó tres Colegios de Jueces que facilitarán la transición al sistema acusatorio en el distrito. Con ello, el organismo judicial busca garantizar las condiciones operativas necesarias para la puesta en marcha del Código Penal aprobado en 2014 por el Congreso de la Nación.
Según estipula la Acordada 5/2025, firmada de manera unánime por los diez jueces que integran la Cámara Federal de Casación Penal, los nuevos colegios estarán divididos en tres áreas específicas: el Colegio de Jueces de Revisión; el Colegio de Jueces de Juicio; y el Colegio de Jueces de Garantías.
Cada uno de ellos tendrá funciones diferenciadas y estará compuesto por magistrados de distintas instancias judiciales, para garantizar el correcto desempeño de las funciones requeridas por el nuevo sistema acusatorio federal.
Por su parte, el primer colegio, estará integrado por los jueces de la Cámara Federal de Apelaciones, mientras que el segundo incluirá a los miembros de los Tribunales Orales Federales (TOF). Asimismo, el tercero estará conformado por los titulares de los Juzgados Federales de Garantías de Comodoro Py.
En tanto, el nuevo modelo organizativo, sigue las disposiciones del artículo 36 de la Ley 27.146 y asigna a la Cámara Federal de Casación Penal un rol de coordinación institucional en la implementación del sistema acusatorio. El mismo busca que los fiscales lideren las investigaciones y promuevan las causas judiciales, además de permitirles realizar acuerdos de conciliación y reparación integral en casos de menor complejidad. También se les concede la facultad de impulsar el decomiso de bienes relacionados con delitos, con el objetivo de reducir la carga procesal y agilizar los procedimientos judiciales.
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