En medio de las sospechas por la filtración de datos sensible sobre YPF en pleno juicio en los Estados Unidos que derivó en 60 despidos, el Gobierno aprobó una reestructuración integral de la Procuración del Tesoro de la Nación y disolvió la Escuela del Cuerpo de Abogados del Estado.
La medida fue dispuesta por el Decreto 475/2025 con firmas del presidente Javier Milei y el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona.
A su vez, crea el Centro para el Fortalecimiento de la Abogacía Pública (CEFAP), un nuevo órgano que estaría más integrado a la estructura del organismo y con mayores responsabilidades en materia de formación jurídica y selección de personal.
Según indicaron, es un “recorte histórico de personal y una drástica reducción de áreas técnicas” que “busca fortalecer la eficiencia operativa del organismo, garantizar un uso responsable de los recursos y adecuar su estructura a los principios de austeridad, profesionalismo y resultados concretos”.
En cuanto a la escuela, detallaron que "a pesar de haber cumplido con los objetivos propuestos en su norma de creación (...) enfrenta desafíos estructurales que obstaculizan el pleno cumplimiento de sus objetivos, por lo que resulta aconsejable su disolución".
En ese línea, señalaron que “los programas de capacitación en curso al momento de la entrada en vigencia del presente decreto continuarán hasta su finalización bajo la supervisión de la coordinación del Centro para el Fortalecimiento de la Abogacía Pública (CEFAP)”, y se garantizará “la certificación de los estudios cursados”.
El CEFAP será “el organismo competente para entender en la selección de los integrantes del Cuerpo de abogados del Estado que soliciten becas para cursos de perfeccionamiento que ella administre. Será responsable de la difusión pública de las becas ofrecidas, evaluará las condiciones de los candidatos y elevará las propuestas pertinentes al Procurador del Tesoro de la Nación, quien resolverá sobre el particular”.
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