La Cámara Federal de Casación Penal rechazó este una queja presentada por la Defensoría General de la Nación (DGN) y dejó firmes las resoluciones 1346/2024 y 429/2025 del Ministerio de Seguridad, dictadas por la ministra Patricia Bullrich.
Las normas regulan las condiciones laborales en prisión, estableciendo tareas obligatorias no remuneradas y limitando el acceso al trabajo pago.
La Resolución 1346/2024 impone la “obligatoriedad para todos los internos” de participar en tareas de mantenimiento e higiene dentro de los penales, hasta cinco horas diarias, sin remuneración.
Según el Ministerio, “la ociosidad de los internos conlleva al aumento de los índices de violencia”.
Por su parte, la Resolución 429/2025 limita al 5% de la población carcelaria la posibilidad de realizar tareas pagas como única ocupación, con un mínimo de ocho horas diarias.
Estas actividades serán remuneradas, pero sin tomar en cuenta el salario mínimo vital y móvil.
La Defensoría había pedido una medida de “no innovar” para suspender la aplicación, por entender que afectaba derechos laborales en el penal de Marcos Paz.
El planteo fue rechazado en tres instancias. Los jueces Borinsky y Carbajo, por mayoría, consideraron que “no se trata de una sentencia definitiva”, y que no se demostró un agravio de “difícil reparación ulterior”.
El juez Hornos, en disidencia parcial, propuso abrir la queja y tratarla en audiencia por tratarse de una cuestión federal vinculada al “derecho al trabajo y la justa remuneración”.
Comentarios recientes