Los diputados de la Comisión Investigadora del caso Libra resolvieron apelar la negativa del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, quien rechazó utilizar la fuerza pública para obligar a declarar a funcionarios clave del gobierno de Javier Milei.
La decisión judicial, que favorece el silencio oficial, fue interpretada como un intento de vaciar de poder el control legislativo.
“La Justicia no puede convertirse en una barrera para el funcionamiento del Congreso”, advirtió el presidente de la comisión, Maximiliano Ferraro (CC), al cuestionar que los funcionarios nunca respondieron a las citaciones, entre ellos Alejandro Melik (Oficina Anticorrupción), Florencia Zicavo, Paulo Starc y Roberto Silva (CNV).
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El fallo de Martínez de Giorgi, respaldado por el fiscal Eduardo Taiano, sostiene que las comisiones no pueden ampliar sus facultades sin respaldo legal.
Para los diputados, esta postura protege el encubrimiento y entorpece la investigación.
“La decisión del juez vacía de eficacia práctica al poder de contralor político y pretende subordinar las atribuciones del Congreso a la discrecionalidad judicial”, sostuvo el presidente de la comisión, Maximiliano Ferraro (CC)
Sabrina Selva (UxP) denunció que se está normalizando la inasistencia de funcionarios, mientras se consolida un pacto de silencio entre el Ejecutivo y el Poder Judicial. La comisión reiteró su pedido de acceso a sistemas judiciales y documentación sensible, como informes del BCRA, CNV, UTI y la Oficina Anticorrupción.
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