La comisión investigadora de la criptoestafa $Libra apeló la resolución del Juzgado Federal N.º 8, a cargo de Marcelo Martínez de Giorgi, que rechazó solicitar el auxilio de la fuerza pública para asegurar la comparecencia de funcionarios citados, entre ellos Karina Milei, secretaria general de la Presidencia.
En el recurso, se recordó que el artículo 75, inciso 32 de la Constitución Nacional otorga al Congreso la facultad de ejercer control político y requerir información.
Negar esta cooperación implica vaciar de eficacia el poder legislativo, ya que no se trata de sanciones penales sino de garantizar la convocatoria política.
La apelación sostiene que la decisión judicial “lesiona las atribuciones constitucionales del Congreso” y subordina a la comisión parlamentaria a criterios del Poder Judicial, afectando la división de poderes y la responsabilidad democrática.
Además, se destacó la obligación de los funcionarios citados de presentarse y no ampararse en el silencio. No se descartó acudir a la Corte Suprema para garantizar el pleno ejercicio del control legislativo, defendiendo el derecho del Congreso a investigar para “buscar la verdad, establecer responsabilidades y garantizar transparencia”.
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