El jefe del Servicio Penitenciario Federal, Fernando Julián Martínez, fue allanado en su oficina y se le secuestraron teléfonos celulares en el marco de una investigación que busca determinar sus presuntos vínculos con empresas proveedoras de alimentos en mal estado en el penal de Ezeiza.
La causa está a cargo del juez federal Federico Villena y la pesquisa se centra en Bio Limp SA, adjudicataria del servicio de alimentación tras la prohibición de Foodrush por entregar comida contaminada con Escherichia coli.
Según la Justicia, Bio Limp comparte vehículos, empleados y mobiliario con la firma anterior, lo que sugiere un esquema de “cartelización” del servicio. Facturas por aproximadamente 150 millones de pesos entre las empresas refuerzan las sospechas.
Durante el allanamiento, Martínez intentó entregar un teléfono antiguo y afirmó que su dispositivo habitual había sido extraviado ese mismo día. Sin embargo, un informe técnico reveló actividad del celular en Barracas apenas una hora antes del operativo, lo que alimenta la hipótesis de que el funcionario recibió un aviso previo y destruyó el aparato.
Además, Martínez se movilizaba en una camioneta registrada a nombre de Enrique “Quique” Antequera, referente de La Salada prófugo de la Justicia. La investigación busca esclarecer si el funcionario promovió la adjudicación de contratos a empresas vinculadas para ocultar irregularidades.
La causa surgió tras denuncias de presos que presentaron un habeas corpus por recibir alimentos en mal estado, que incluso motivó que el propio juez Villena comprobara la calidad de la comida y sufriera intoxicación.
Comentarios recientes