En un fallo que volvió a incomodar al Poder Ejecutivo, el juez federal de Campana, Adrián González Charvay, ratificó en plena feria judicial la obligación del Gobierno de implementar de manera efectiva la Ley de Emergencia en Discapacidad.
La resolución exige avances concretos y deja en claro que la norma debe estar completamente operativa el próximo 4 de febrero.
El magistrado ya había intervenido a principios de diciembre, cuando declaró inválido el decreto presidencial que pretendía poner en vigencia la ley sin asignar los recursos necesarios. En ese momento, también advirtió que podría aplicar sanciones personales al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, si el Ejecutivo persistía en el incumplimiento.
Ahora, Charvay, otorgó cinco días hábiles para que el Gobierno presente informes detallados que demuestren avances reales en la ejecución de la ley y aclaró que ninguna apelación suspende la obligación de cumplir el fallo.
La decisión judicial se dio en paralelo al debate del Presupuesto 2026, aprobado sin el artículo que buscaba derogar tanto la Ley de Emergencia en Discapacidad como la de Financiamiento Universitario. El Senado terminó de sellar ese camino al sancionar el presupuesto sin modificar la vigencia de ambas normas.
El principal argumento oficial para resistir su aplicación es el impacto sobre el déficit fiscal. Sin embargo, un informe de la Oficina del Presupuesto del Congreso expone la fragilidad de esa postura: incluso en los escenarios más exigentes, el costo de la ley no superaría el 0,42 por ciento del PBI.
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