El Gobierno volverá a presentar en el Congreso la reforma del régimen penal juvenil que había enviado ayer y que a las pocas horas decidió retirarlo ante la falta de consenso sobre la propuesta de bajar la edad de imputabilidad a 13 años.
La nueva versión fijará el límite en 14 años, siguiendo el dictamen aprobado el año pasado y respaldado por La Libertad Avanza, PRO, UCR y sectores del Frente Renovador.
El proyecto original contemplaba un presupuesto total de $23.739 millones, distribuidos entre el Ministerio de Justicia y la Defensoría General de la Nación. Esta vez, el Ejecutivo incluyó montos específicos para cada organismo, un aspecto que había quedado indefinido en la versión de 2024.
Entre las principales modificaciones, la reforma propone un máximo de 15 años de prisión para delitos graves cometidos por adolescentes, elimina la reclusión perpetua y prioriza medidas alternativas de resocialización. Además, establece criterios estrictos para la detención de menores, incluyendo alojamiento separado de adultos y acceso garantizado a educación y salud.
El proyecto se debatirá este miércoles en un plenario de las comisiones de Legislación Penal, Justicia y Presupuesto, y se prevé que llegue al recinto de Diputados el jueves.
Para avanzar, aún deben constituirse formalmente las comisiones de Justicia y Familia, Niñez y Juventudes, que definirán la composición final del debate.
Fuentes del Ejecutivo destacaron que el objetivo es alcanzar un acuerdo que permita aprobar la reforma de manera rápida y asegurar que los menores responsables de delitos graves enfrenten consecuencias efectivas.
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