La promulgación de la Ley 27.801 este lunes marcó un cambio profundo en la Justicia juvenil: la edad de imputabilidad baja de 16 a 14 años. La medida, que según el Gobierno busca fomentar “el sentido de la responsabilidad legal por sus actos”, genera preocupación entre especialistas, educadores y organizaciones de derechos humanos.
El régimen contempla penas de hasta 15 años, pero prohíbe sanciones perpetuas o antecedentes penales permanentes, argumentando que la privación de la libertad debe ser “el último recurso” y por el tiempo más breve posible.
Sin embargo, críticos advierten que la legislación pone a adolescentes en contacto con un sistema penal complejo y punitivo, exponiéndolos a detenciones preventivas que, según la ley, deben tramitarse con premura y en instalaciones especiales “bajo la dirección de personal idóneo”.
La ley también obliga a que los progenitores respondan civilmente por los daños cometidos por los menores, y abre la puerta a mediaciones y conciliaciones. Pero muchos cuestionan si estas medidas realmente garantizan “integración social y trabajo, comprensión y arrepentimiento por la conducta punible perpetrada”.
Especialistas señalan que bajar la edad de imputabilidad no resolverá problemas estructurales de violencia juvenil ni prevención del delito, y podría criminalizar a adolescentes sin abordar educación, desigualdad y contención social.
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