Un fallo judicial detuvo la aplicación de buena parte de la ley de Reforma Laboral promovida por el gobierno de Javier Milei, después de un reclamo presentado por la CGT.
La medida cautelar, dictada por el juez laboral Raúl Horacio Ojeda, suspende 82 artículos de la ley 27.802, entre ellos los relacionados con los Fondos de Asistencia Laboral, la limitación al derecho de huelga y la derogación de la Ley de Teletrabajo.
La central sindical denunció que la normativa introducía “modificaciones peyorativas y permanentes” que vulneraban derechos consagrados por la Constitución, como la protección contra el despido, la progresividad de las normas y la libertad sindical.
Ojeda coincidió en que la intervención de la Justicia es esencial para garantizar que las reformas respeten los principios constitucionales y reconoció la legitimidad de la CGT para representar colectivamente a los trabajadores.
El magistrado destacó que actuar de inmediato era necesario para evitar “daños irreparables” en caso de que la ley fuera declarada inconstitucional en el futuro, advirtiendo que permitir su implementación podría generar “grave inseguridad jurídica”.
Con esta decisión, la aplicación de la ley queda frenada hasta que el tribunal resuelva el fondo del caso, aunque el Gobierno aún puede recurrir la medida.
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