El presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, y el tesorero Pablo Toviggino fueron procesados por la Justicia federal en lo penal económico por no haber abonado en término más de 19.000 millones de pesos en impuestos y aportes patronales. La decisión fue tomada por el juez Diego Amarante, quien también ordenó embargos por un total de 1700 millones de pesos.
La causa se originó a partir de una denuncia de la ARCA en diciembre de 2025, que detectó irregularidades en pagos de IVA, Ganancias y contribuciones a la seguridad social entre 2024 y 2025. El fiscal Claudio Navas Rial impulsó la investigación contra la cúpula de la entidad, incluyendo a otros directivos actuales y exdirigentes.
Durante las indagatorias, Tapia negó responsabilidad directa y sostuvo que las decisiones impositivas corresponden a áreas técnicas. Argumentó además que la AFA estaba amparada por normativas que permitían prórrogas fiscales. En la misma línea se expresaron otros dirigentes, mientras que Toviggino planteó una defensa basada en la existencia de regímenes de alivio fiscal.
Sin embargo, el juez rechazó estos argumentos y consideró que existió una maniobra deliberada. Señaló que la AFA contaba con liquidez suficiente, incluyendo inversiones en plazos fijos por miles de millones de pesos y operaciones financieras en dólares, lo que descartaría una situación de crisis.
Según el fallo, los fondos retenidos al fisco habrían sido utilizados con fines financieros. Amarante concluyó que la decisión no pudo haber pasado desapercibida para la conducción y cuestionó el destino de recursos vinculados al sistema previsional. Además, mantuvo la prohibición de salida del país para Tapia y Toviggino.
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