La Cámara Civil ratificó que el control quedó en la órbita bonaerense, anuló la designación de veedores y cuestionó la actuación de la IGJ por exceder sus facultades.
La Cámara Federal de Casación Penal resolvió, por mayoría, anular el criterio previo que había trasladado la investigación a la justicia bonaerense y dispuso que el expediente regrese a la Cámara Nacional en lo Penal Económico. La causa investiga la propiedad de una mansión en Pilar valuada en alrededor de 17 millones de dólares y atribuida a presuntos testaferros vinculados a dirigentes de la AFA.
La nómina fue elaborada por el Ministerio de Seguridad en el marco del programa Tribuna Segura e incluye además personas con antecedentes de violencia en el fútbol, en el contexto de cooperación bilateral con Estados Unidos.
El juez Sebastián Argibay desestimó el pedido del fiscal Pedro Simón y se declaró incompetente en la investigación contra autoridades de la AFA.
La Cámara Federal de Tucumán apartó a Sebastián Argibay tras una recusación por un posible conflicto de interés. El expediente, que investiga a Claudio “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino, ya reúne más de 10.000 fojas y deberá ser reasignado.
El requerimiento fue presentado en el marco de una causa iniciada en Santiago del Estero, que también alcanza a más de veinte personas y empresas vinculadas a la gestión de fondos de la AFA y su operatoria en el exterior.
La Justicia investiga una presunta maniobra sistemática de retención indebida de impuestos y aportes. El juez también dispuso embargos y restricciones de salida del país para algunos dirigentes.
El juez federal Adrián González Charvay ordenó operativos para secuestrar documentación contable vinculada a contratos comerciales y al tesorero Pablo Toviggino.
La Justicia en lo Penal Económico le permitió a Tapia salir del país entre el 18 y 20 de marzo condicionando el viaje al depósito de una caución de 30 millones de pesos.
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