La investigación contra el titular de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), Andrés Vázquez, volvió a tomar impulso luego de que el juez federal Marcelo Martínez De Giorgi habilitara una serie de medidas de prueba solicitadas por la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA). El expediente lo señala por presunto enriquecimiento ilícito, lavado de activos y evasión tributaria.
El foco está puesto en la adquisición de propiedades en Miami y en la posible utilización de estructuras societarias para ocultar activos.
Entre los puntos bajo análisis aparecen la firma Consultora San Andrés, un departamento en Puerto Madero presuntamente subvaluado y transferencias de fondos entre Argentina, Estados Unidos y Emiratos Árabes.
La PIA pidió además información a múltiples organismos locales y extranjeros, incluyendo bancos internacionales, registros inmobiliarios, autoridades tributarias y entidades vinculadas a operaciones financieras y migratorias. El objetivo es reconstruir movimientos de dinero y bienes del funcionario y su entorno familiar en los últimos años.
En paralelo, el fiscal Sergio Rodríguez sostuvo que “sin duda alguna, Andrés Edgardo Vázquez incurrió en el delito de omisión de insertar datos en la declaración jurada patrimonial”, aunque el juez aún no definió la citación a indagatoria.
Desde el Gobierno remarcan que el funcionario ya había sido sobreseído en instancias anteriores y hablan de “cosa juzgada”, aunque la nueva etapa del expediente reabre discusiones sobre el alcance de aquellas resoluciones.
La causa original había indagado movimientos financieros no declarados en el exterior, aunque ahora la investigación amplió su alcance a posibles maniobras de lavado y evasión con mayor nivel de complejidad patrimonial.
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