Un fallo de la Cámara Federal de Casación Penal reconfiguró el alcance de las causas por evasión tributaria al establecer que la Ley de Inocencia Fiscal debe aplicarse retroactivamente cuando beneficia al imputado. Con ese criterio, la Sala IV resolvió cerrar el proceso contra el responsable de una firma acusado por irregularidades en Ganancias e IVA.
La clave del caso estuvo en la entrada en vigencia de la Ley 27.799, que modificó los umbrales de punibilidad: fijó en $100 millones el piso para evasión simple y en $1.000 millones para la agravada. Los importes atribuidos en el expediente —correspondientes a períodos fiscales entre 2017 y 2019— quedaron muy por debajo de esos valores, lo que dejó sin sustento penal la acusación.
El tribunal anuló así una decisión previa de la Cámara de Mar del Plata que había permitido que la causa avanzara. Tras el cambio normativo, la defensa reformuló su estrategia y solicitó el sobreseimiento en base al nuevo régimen.
En su análisis, los jueces Javier Carbajo, Gustavo Hornos y Mariano Borinsky remarcaron que la aplicación retroactiva de la norma surge del artículo 2 del Código Penal. Señalaron además que los tribunales deben resolver conforme al marco legal vigente al momento de decidir, incluso si este cambió durante el trámite del proceso.
Borinsky explicó que el incremento de los montos mínimos “impacta directamente en la tipicidad”, ya que excluye del delito conductas que antes eran punibles. En la misma línea, Hornos sostuvo que insistir con la persecución penal en estas condiciones implicaría sancionar hechos que el propio Poder Legislativo decidió despenalizar.
Otro elemento relevante fue la postura de ARCA, que no se opuso a la extinción de la acción penal. A esto se sumó el decreto 93/2026, que respalda la aplicación de los nuevos parámetros a hechos anteriores, consolidando el criterio adoptado por Casación.
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