El Ejecutivo avanzó este martes con una reforma en el proceso de selección de autoridades judiciales al modificar las reglas para designar integrantes de la Corte Suprema, el Procurador General y el Defensor General.
A través del Decreto 467/2026, la gestión de Javier Milei introdujo cambios sobre los decretos 222 y 588 de 2003, reduciendo instancias administrativas y modificando los tiempos de nominación. La norma fue rubricada por el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques.
Uno de los puntos centrales es la eliminación del mecanismo de exposición pública previa, que permitía a la ciudadanía presentar observaciones antes de que los candidatos fueran formalmente enviados al Senado. Con el nuevo esquema, esa instancia desaparece.
La difusión de antecedentes y currículums se limitará ahora al Boletín Oficial y a los sitios del Ministerio de Justicia, lo que acorta significativamente el proceso.
Además, los postulantes tendrán solo cinco días para presentar sus declaraciones juradas patrimoniales, incluyendo bienes propios y de su grupo familiar, conforme a la Ley de Ética Pública.
La reforma también fija un plazo máximo de cinco días para que la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) evalúe la situación fiscal y previsional de los candidatos, bajo estricta reserva de la información.
Por último, el decreto deja de lado los criterios orientativos de diversidad de género, especialización y origen geográfico que contemplaba la normativa de 2003, lo que redefine el enfoque en la conformación de los máximos cargos judiciales.
Comentarios recientes